Turismo y Derecho

Fecha de la sentencia de Cámara: 2 de julio de 2026.

Lugar de los hechos: un hotel de San Clemente del Tuyú.

Los hechos

Un pasajero realizó el check-out del hotel y, antes de retirarse definitivamente, dejó su equipaje en custodia en la recepción del establecimiento para ir a la playa con su familia. Al regresar, constató que faltaba una de las valijas. Según las cámaras de seguridad del hotel, un tercero ajeno al establecimiento había ingresado y sustraído el bolso, que contenía una notebook, un smartwatch, prendas de vestir, joyas y dinero en efectivo. El hecho ocurrió en enero de 2023.

El recorrido judicial

En primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Dolores hizo lugar a la demanda contra el hotel y lo condenó a abonar $5.000.000 en concepto de daño material y moral.

El hotel apeló la decisión, sosteniendo —en síntesis— que su deber de custodia y seguridad había cesado con el check-out del huésped. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores rechazó ese argumento y confirmó la condena. Además, agregó una sanción de $500.000 en concepto de daño punitivo, prevista en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

El fundamento central del fallo

El punto más relevante para la práctica del turismo es este: el deber de seguridad y custodia del hotelero no cesa automáticamente con el check-out cuando el huésped, con conocimiento y consentimiento del establecimiento, deja sus pertenencias bajo resguardo en el hotel (en este caso, en la recepción) mientras permanece en el lugar o en sus inmediaciones. La Cámara entendió que, al aceptar recibir y guardar el equipaje, el hotel asumió una obligación de custodia autónoma —más allá de que el contrato de hospedaje propiamente dicho ya hubiera concluido— y que su incumplimiento genera responsabilidad.

En cuanto al daño punitivo, el tribunal valoró la conducta del hotel tanto en el hecho en sí (falta de controles adecuados sobre el ingreso de terceros a un área de custodia) como en su actitud posterior: la negativa a responder y la necesidad de que el consumidor tuviera que litigar para obtener una reparación, circunstancia que la jurisprudencia de consumo viene sancionando de manera cada vec más frecuente a través del art. 52 bis de la LDC.

Por qué importa para el sector

Este fallo consolida una línea que interesa especialmente a hoteles, hospedajes y alojamientos turísticos: la responsabilidad por custodia de efectos de los pasajeros (arts. 1369 a 1372 del Código Civil y Comercial, aplicables al contrato de hospedaje) no se agota mecánicamente con el checkout formal. Si el establecimiento acepta guardar el equipaje —algo habitual y hasta ofrecido como servicio— debe extremar las medidas de seguridad, porque de lo contrario queda expuesto no solo a la reparación del daño patrimonial y moral, sino también a una sanción punitiva adicional.

Fuentes:

• Daño punitivo a un hotel por incumplir su deber de seguridad tras el check-out de un huésped – Tiempo Judicial (02/07/2026)
• Dejaron el equipaje en el hotel después del check-out para ir a la playa, les sustrajeron una valija y la Justicia dictó una condena ejemplar – Infobae (02/07/2026)
• Tras hacer check-out, dejaron el equipaje en el hotel para ir a la playa y, al volver, una de las valijas no estaba: la Justicia avaló la demanda – Tiempo de Seguros

Nota: esta nota se elaboró en base a la cobertura periodística especializada del fallo. No se pudo acceder a la carátula completa del expediente ni al texto íntegro de la sentencia, dado que no está disponible en las bases públicas de jurisprudencia (JUBA, SAIJ). 

Turismo y Derecho

Desde el verano de 2027, Rosario tendrá una conexión aérea directa con una de las regiones costeras más atractivas de Brasil. El operador turístico OLA comenzó a comercializar vuelos chárter entre el Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) y la ciudad de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, en el extremo nordeste del país. La noticia, confirmada por autoridades provinciales y del sector aerocomercial, no solo representa un hito para la conectividad internacional de la ciudad santafesina, sino también una oportunidad para descubrir un destino de playa todavía poco explotado por el turismo argentino.

Una conexión aérea importante para Rosario

Los vuelos estarán operados por LATAM Airlines, la aerolínea más grande de Latinoamérica, lo que representa un respaldo operativo relevante frente al contexto de incertidumbre que atraviesa Flybondi, compañía con la que OLA trabajaba anteriormente en este tipo de operativos especiales. La programación contempla ocho salidas semanales entre el 3 de enero y el 28 de febrero de 2027, con un tiempo de vuelo estimado de cinco horas entre ambas ciudades.

Los paquetes turísticos ya están a la venta en la red de agencias de viajes, con posibilidad de financiación en dólares. La propuesta incluye pasaje aéreo con equipaje en bodega, traslados en destino, siete noches de alojamiento con desayuno en hoteles de tres estrellas, excursiones locales y cobertura médica, con valores que parten de 1.364 dólares por persona en base doble.

Esta no es la primera experiencia de OLA conectando Rosario con el nordeste brasileño: durante las temporadas de verano de 2025 y 2026 la empresa realizó más de veinte vuelos especiales hacia destinos como Cabo Frío, Río de Janeiro y Maceió, movilizando a más de 3.000 pasajeros. Según explicó Pío Drovetta, presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario, la intención es seguir ampliando la oferta “desde Florianópolis hasta Natal”, abarcando los principales puntos turísticos de playa de Brasil. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la incorporación de este destino confirma el crecimiento sostenido de la conectividad internacional de la terminal rosarina, fruto del trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

Natal, la «Ciudad del Sol»: qué ofrece el destino

Natal es la capital de Río Grande do Norte y es conocida como la «Ciudad del Sol» por sus casi trescientos días de cielo despejado al año, además de contar con uno de los índices de calidad de aire más altos del planeta. Su combinación de dunas doradas, lagunas de agua dulce y una animada vida nocturna la convierten en uno de los destinos de playa más singulares de Brasil, y también es reconocida como una de las capitales más seguras del nordeste del país.

Entre sus atractivos más visitados se destacan:

• Playa de Ponta Negra, famosa por el Morro do Careca, una imponente duna de más de 100 metros que se convirtió en la postal más reconocible de la ciudad, rodeada de bares y restaurantes frente al mar.
• Dunas de Genipabu, a unos 20 kilómetros del centro, donde se pueden realizar paseos en buggy, sandboard y recorridos por lagunas de agua dulce.
• Forte dos Reis Magos, una fortaleza en forma de estrella construida a fines del siglo XVI, que permite conocer la historia colonial de la región.
• Vía Costeira, una franja costera de diez kilómetros que une las dunas de Natal con el mar y puede recorrerse en bicicleta hasta Ponta Negra.
• El cajueiro (árbol de anacardo) más grande del mundo, ubicado en Pirangi do Norte, que se extiende por miles de metros cuadrados.

Excursiones y destinos cercanos que completan la experiencia

Para quienes dispongan de más días, la región alrededor de Natal ofrece opciones que suelen incluirse en los circuitos turísticos armados por los operadores mayoristas. Las piscinas naturales de Maracajaú, con aguas cristalinas y arrecifes bien conservados, son ideales para practicar snorkel. Más al sur, la localidad de Pipa se ha consolidado como uno de los puntos más buscados del estado, con acantilados, avistaje de delfines en la Bahía dos Golfinhos y playas como Praia do Amor. Hacia el norte, São Miguel do Gostoso atrae a los amantes del windsurf y el kitesurf gracias a sus vientos constantes durante todo el año.

Los meses ideales para viajar coinciden, además, con la temporada elegida para los nuevos vuelos: entre septiembre y enero el clima es más seco y soleado, lo que garantiza condiciones óptimas para las actividades playeras y las excursiones en buggy.

Un destino que gana protagonismo entre los argentinos

Hasta ahora, cuando los viajeros argentinos pensaban en Brasil, los destinos clásicos —Río de Janeiro, Búzios o Florianópolis— solían llevarse toda la atención. Sin embargo, el litoral de Río Grande do Norte, con sus acantilados de tonos rojizos, arenas blancas y aguas cálidas, viene ganando terreno como alternativa para quienes buscan combinar descanso con contacto con la naturaleza. La apertura de una conexión directa desde Rosario, sumada a paquetes turísticos completos y financiación accesible, podría acelerar ese proceso y consolidar a Natal como uno de los destinos de verano preferidos por los santafesinos en los próximos años.

En definitiva, la nueva ruta entre Rosario y Natal no solo amplía el mapa de conectividad internacional de la ciudad, sino que también pone en el radar de los viajeros argentinos un destino que combina playas paradisíacas, patrimonio histórico y una oferta de actividades pensada para todos los gustos, en pleno corazón del nordeste brasileño.

Turismo y Derecho

Más turistas ingresaron al país

Durante julio, la Argentina registró un crecimiento en la cantidad de turistas que ingresaron al país, aunque el movimiento turístico internacional continuó mostrando un resultado negativo. Según los datos difundidos por el INDEC y recogidos por Cenital, 466.200 turistas ingresaron a la Argentina durante julio, lo que representa un aumento del 9,1% respecto del mismo mes del año anterior.

El incremento de las llegadas constituye una señal positiva para el sector turístico, especialmente para hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios vinculados con los visitantes extranjeros. El turismo receptivo genera ingresos para la economía y contribuye al movimiento de distintas actividades en las principales ciudades y destinos del país.

Sin embargo, el crecimiento de las llegadas no alcanzó para compensar la cantidad de argentinos y residentes que viajaron al exterior. En julio, 697.200 turistas salieron de la Argentina, aunque esta cifra fue un 17,3% menor que la registrada en julio del año anterior.

Un saldo todavía desfavorable

La diferencia entre quienes ingresaron y quienes salieron muestra que el país mantuvo un saldo turístico negativo. Durante julio, salieron aproximadamente 231.000 turistas más de los que ingresaron. Es decir, por cada turista que llegó a la Argentina, alrededor de una vez y media más turistas salieron del país.

A pesar de este resultado, los datos muestran una evolución favorable si se los compara con julio del año anterior. Por un lado, aumentó el turismo receptivo; por otro, disminuyó de manera significativa la cantidad de turistas que viajaron al exterior. Esta combinación permitió reducir la brecha entre entradas y salidas.

El comportamiento del turismo internacional también tiene importancia económica porque los viajes al exterior implican gastos realizados por argentinos fuera del país, mientras que la llegada de extranjeros genera consumo dentro de la economía local. Por eso, la relación entre turistas que ingresan y turistas que salen es un indicador relevante para observar el movimiento de divisas y la evolución de la balanza de servicios.

Una tendencia que merece atención

Los números de julio permiten observar una recuperación del turismo receptivo, pero también muestran que Argentina todavía enfrenta el desafío de equilibrar el flujo de viajeros internacionales. El aumento del 9,1% en las llegadas y la caída del 17,3% en las salidas son cambios importantes en términos interanuales, aunque todavía no fueron suficientes para alcanzar un saldo positivo.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si esta tendencia se consolida. Un crecimiento sostenido del turismo extranjero podría favorecer el ingreso de divisas y beneficiar a numerosas actividades económicas relacionadas con el sector. Al mismo tiempo, una menor cantidad de argentinos viajando al exterior ayudaría a reducir la salida de recursos.

En definitiva, los datos de julio muestran un escenario mixto pero con algunos signos alentadores: Argentina recibió más turistas extranjeros y registró menos salidas que un año atrás. Sin embargo, el país continúa teniendo un déficit en su movimiento turístico internacional. El desafío será sostener el crecimiento de las llegadas y, al mismo tiempo, observar cómo evoluciona la cantidad de argentinos que viajan al exterior durante los próximos meses.

Turismo y Derecho

Las noticias sobre una supuesta “revocación masiva” de visas de turismo de Estados Unidos merecen una aclaración importante. La medida oficial vigente no establece, en términos generales, la anulación de visas ya emitidas: dispone restricciones de ingreso y suspensión total o parcial de nuevas emisiones de visas para determinadas nacionalidades.

La política surge de la Proclamación Presidencial 10998, vigente desde el 1 de enero de 2026. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, alcanza a nacionales de 39 países, con distintos niveles de restricción, y a quienes utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Palestina. La guía oficial puede consultarse aquí.

En el grupo de restricción total se encuentran, entre otros, Afganistán, Burkina Faso, Chad, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Mali, Níger, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. En esos casos, la suspensión comprende visas inmigratorias y no inmigratorias, con excepciones limitadas.

Existe además un grupo de restricciones parciales que afecta, en particular, la emisión de visas B-1/B-2 —negocios y turismo— para nacionales de países como Cuba, Venezuela, Angola, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Zambia y Zimbabwe, entre otros. El alcance concreto depende de la nacionalidad, la categoría de visa y las excepciones aplicables.

La diferencia entre suspensión de emisión y revocación es decisiva. La propia normativa estadounidense aclara que la Proclamación no se aplica a quienes, al 1 de enero de 2026, se encontraban fuera de Estados Unidos pero ya poseían una visa válida. Esas visas no fueron ni serán revocadas por esta medida específica. La Proclamación presidencial también lo establece expresamente.

Para viajeros argentinos, la información oficial disponible no incluye a la Argentina entre los países alcanzados por estas suspensiones. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de revisar cada caso: una visa vigente no garantiza por sí sola el ingreso al país, ya que la admisión final corresponde a las autoridades migratorias al momento de arribar.

Para las agencias de viajes, esta novedad deja una enseñanza práctica: no basta con informar si el pasajero “tiene visa”. Es necesario verificar nacionalidad, tipo de documento de viaje, vigencia de la visa, categoría migratoria, fecha prevista de viaje y posibles escalas. También conviene conservar constancia de la información transmitida y remitir siempre a fuentes oficiales para decisiones migratorias sensibles.

En un escenario de cambios frecuentes, la recomendación es clara: antes de emitir, reemitir o confirmar un viaje a Estados Unidos, el pasajero debe consultar la información actualizada del Departamento de Estado y, si existen dudas específicas, requerir orientación consular o migratoria profesional.

Turismo y Derecho

Una residente del partido de San Isidro había contratado un itinerario aéreo con destino a Suiza, haciendo escala en París. La compra de los billetes se concretó mediante la conocida agencia Almundo y la transportación estaba a cargo de Air France. Sin embargo, pocos días antes de la fecha programada de partida, la persona sufrió un problema médico grave.

Esta urgencia de salud le impidió de manera absoluta abordar el avión en la fecha estipulada para el trayecto. Con el fin de evitar penalizaciones o pérdidas, presentó inmediatamente toda la documentación clínica requerida ante las empresas involucradas. El objetivo inicial de la usuaria era reprogramar los tramos de vuelo o recibir el reconocimiento de su billete.

A pesar de presentar certificados válidos en tiempo y forma, la pasajera no encontró una respuesta favorable en las firmas. Tanto la comercializadora como la aerolínea europea rechazaron las solicitudes de modificación sin aplicar fuertes sanciones económicas. La negativa dejó a la afectada en una situación desfavorable al no poder concretar su travesía internacional.

La intervención de Defensa del Consumidor municipal

Ante la falta de soluciones por las vías ordinarias, la mujer acudió a la Dirección de Defensa del Consumidor de San Isidro. El organismo comunal procedió a formalizar el reclamo administrativo y citó formalmente a las partes. Se fijó una audiencia obligatoria de conciliación para evaluar las responsabilidades de las firmas involucradas.

Durante la reunión, las autoridades locales instaron a los representantes corporativos a revisar la postura inicial del caso. Recordaron que las emergencias de salud debidamente documentadas constituyen contingencias que deben contemplarse de manera justa. La presión institucional permitió reabrir la negociación que las compañías daban por cerrada previamente.

El trabajo de mediación municipal buscó equilibrar la posición de la consumidora frente al gigante del transporte comercial. La presencia del Estado local resultó determinante para exigir el cumplimiento de pautas equitativas. Las actuaciones buscaron evitar que la afectada perdiera la totalidad del dinero invertido en los pasajes.

Un acuerdo conciliatorio satisfactorio

Como resultado del procedimiento conciliatorio, la empresa Air France presentó una propuesta concreta para resolver la controversia. La aerolínea ofreció la entrega de un bono no reembolsable por el valor total de la reserva. El monto asignado a favor de la pasajera ascendió a la suma de US$ 1.684 dólares.

Este crédito otorga a la usuaria una vigencia completa de un año para ser utilizado en nuevas reservas. Asimismo, la solución acordada permite aplicar dicho importe a cualquier otro destino operado por la compañía. Esta alternativa le otorga plena flexibilidad a la afectada para reprogramar sus vacaciones cuando su salud lo permita.

La pasajera damnificada aceptó de conformidad la propuesta económica alcanzada en el marco de la mediación oficial. Con la firma del acuerdo, las autoridades dieron por concluido el expediente administrativo respectivo. La resolución evitó que el conflicto derivara en un prolongado litigio ante las instancias judiciales pertinentes.

Protección del usuario ante imprevistos médicos

Desde el municipio de San Isidro destacaron la importancia del resultado logrado en favor de la habitante local. En las declaraciones oficiales remarcaron que el acceso a la salud y las urgencias médicas están resguardados. Se subrayó que las compañías comerciales no deben desatender la vulnerabilidad de las personas enfermas.

Las prestadoras de transporte no pueden omitir las circunstancias de fuerza mayor que sufren los usuarios en viaje. Los certificados respaldatorios expedidos por profesionales de la salud deben ser considerados con el debido rigor. Imponer multas severas o la pérdida de billetes ante emergencias resulta una práctica desproporcionada.

Las políticas de atención al cliente de los grandes operadores aéreos deben adaptarse a situaciones excepcionales. Los imprevistos médicos certificados constituyen motivos válidos para solicitar la flexibilidad de las tarifas. La equidad en la contratación de servicios exige un trato acorde con las contingencias humanas.

Vías administrativas para hacer valer los derechos

Este antecedente sienta un precedente para otros viajeros que enfrenten situaciones similares en el distrito. La vía municipal de conciliación demuestra ser un canal efectivo para resolver diferendos económicos sin costos adicionales. Los usuarios pueden exigir soluciones ante la imposibilidad sobrevenida de cumplir con las fechas pautadas.

Ante la negativa de agencias de viajes o líneas aéreas, los afectados pueden solicitar asistencia institucional gratuita. La presentación de pruebas documentales y certificados médicos resulta esencial para sustentar los reclamos presentados. El acompañamiento del organismo local garantiza un ámbito idóneo para alcanzar entendimientos favorables.

Casos como el tramitado en la comuna demuestran la utilidad de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos. La devolución mediante títulos de viaje asegura que el consumidor no pierda el patrimonio invertido. De este modo, se fortalece el respeto a la vulnerabilidad del usuario frente a las corporaciones.

Turismo y Derecho

Palabras clave

Contrato de hospedaje; responsabilidad del hotelero; Código Civil de la República Popular China; Código Civil y Comercial de la República Argentina; derecho comparado; custodia de bienes; depósito en hoteles; contrato atípico; derecho asiático; derecho del turismo.

1. Introducción

El contrato de hospedaje constituye una de las figuras contractuales de mayor relevancia práctica en el derecho del turismo y de los servicios, dada la magnitud de la actividad hotelera a escala global y la frecuencia con la que millones de viajeros celebran diariamente este tipo de relaciones jurídicas. No obstante, su tratamiento en los ordenamientos civiles contemporáneos presenta notables diferencias: mientras algunos sistemas —como el alemán o el latinoamericano tradicional— han optado por tipificarlo como contrato nominado, otros han preferido dejarlo al margen de la codificación, confiando su regulación a normas generales o a figuras afines. En este contexto, resulta especialmente interesante contrastar dos modelos recientes que, pese a provenir de tradiciones jurídicas radicalmente distintas, han adoptado una solución legislativa convergente: la no tipificación del contrato de hospedaje como figura autónoma.

El presente artículo desarrolla un estudio comparativo entre el Código Civil de la República Popular China (2021) y el Código Civil y Comercial de la República Argentina (2014), con el fin de analizar cómo cada uno de estos ordenamientos resuelve —sin una regulación específica de hospedaje— las obligaciones derivadas de la relación hotel-huésped, con especial énfasis en la responsabilidad del hotelero por los efectos del viajero y la seguridad de las instalaciones. La investigación parte de la premisa de que, si bien ambos códigos renuncian a la tipificación del contrato, la técnica legislativa empleada para cubrir el vacío normativo difiere sustancialmente: China recurre a la aplicación por analogía de instituciones generales —principalmente el contrato de arrendamiento para el uso de la habitación y el contrato de custodia para los bienes del huésped—, mientras que Argentina construye un régimen específico de responsabilidad hotelera inscrito dentro del contrato de depósito necesario¹ (arts. 1369 a 1375), complementado por la Ley de Defensa del Consumidor.

A lo largo del trabajo se examinan, en primer término, las consecuencias de la no tipificación en ambos sistemas, identificando el encuadre jurídico que la doctrina y la práctica asignan a la relación de hospedaje. En segundo lugar, se contrasta la regulación de la custodia de efectos, destacando la presunción de custodia o depósito que ambos ordenamientos establecen para los bienes introducidos en el hotel, así como las diferencias en materia de eximentes, cláusulas limitativas de responsabilidad y responsabilidad por vehículos. En tercer lugar, se aborda la cuestión de los daños a la persona del huésped, campo en el que ambos sistemas recurren a normas generales de responsabilidad civil, aunque con matices diferenciados en cuanto a la protección del consumidor. Finalmente, se ofrece una tabla comparativa que sintetiza las convergencias estructurales y las divergencias técnicas entre ambos modelos.

Los resultados de la comparación permiten sostener que la decisión compartida de no tipificar el contrato de hospedaje no implica una igual protección del huésped: el régimen argentino ofrece una regulación más detallada y protectoria, especialmente en lo relativo a la nulidad de las cláusulas eximentes y a la responsabilidad por vehículos, mientras que el régimen chino, más generalista, delega gran parte de la regulación a las normas de custodia y arrendamiento. En última instancia, este estudio pretende contribuir al conocimiento del derecho asiático contemporáneo y ofrecer herramientas de análisis para la comprensión de las nuevas codificaciones civiles desde una perspectiva global y comparada.

2. Situación del contrato de hospedaje: Contrato atípico o innominado.

Aunque ninguno de los dos ordenamientos tipifica el contrato de hospedaje como figura autónoma, Argentina sí cuenta con una regulación específica y detallada de la responsabilidad del hotelero (Arts. 1369-1375), mientras que China deriva su regulación a instituciones generales como el arrendamiento y la custodia.

3. Responsabilidad por los efectos del huésped

China: Contrato de custodia (Arts. 888-903)

Argentina: Depósito en hoteles –depósito necesario- (Arts. 1369-1374)

Ambos ordenamientos establecen una presunción de custodia/deposito para los efectos introducidos en el hotel, aun sin entrega expresa. Sin embargo, el régimen argentino es mucho más detallado: regula la responsabilidad por vehículos, la negativa a recibir objetos excesivamente valiosos en relación con la importancia del establecimiento, o cuando su guarda causa molestias extraordinarias y la nulidad de cláusulas limitativas de responsabilidad —aspectos que el Código Civil chino no aborda específicamente.

4. Responsabilidad por daños a la persona del huésped

En ambos países la responsabilidad por daños a la persona del huésped queda dispersa en normas generales, sin una regulación específica de «deber de seguridad del hotelero». Argentina complementa esto con la Ley de Defensa del Consumidor; China lo hace con las normas generales de responsabilidad civil.

5. Sobre la naturaleza jurídica y el régimen aplicable

6. Tabla comparativa resumen

7. Conclusiones

1. Con respecto a las similitudes que existen entre ambas legislaciones, podemos señalar que tanto China como Argentina optaron por no tipificar el contrato de hospedaje como figura contractual autónoma en sus respectivos códigos civiles. Esta es una decisión legislativa compartida que distingue a ambos ordenamientos del derecho alemán (§§ 701-704 BGB) o del derecho latinoamericano tipificador (Cuba, México, Perú).

2. En cuanto a las diferencias regulatorias, encontramos que mientras China resuelve la relación hotel-huésped mediante la aplicación de instituciones generales (arrendamiento + custodia), Argentina construyó un régimen específico de responsabilidad hotelera (Arts. 1369-1375) dentro del contrato de depósito necesario, con reglas detalladas sobre eximentes, efectos de valor, vehículos y cláusulas abusivas.

   Finalmente, en cuanto a la protección que se le brinda al huésped, el régimen argentino ofrece una protección más amplia al consumidor/huésped, especialmente por la nulidad de cláusulas limitativas (Art. 1374) y la regulación específica de la responsabilidad por vehículos. El régimen chino, más generalista, delega gran parte de la regulación a las normas de custodia y arrendamiento.

Fuentes consultadas

CHINA: Código Civil de la República Popular China: https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/21757

China: Arts. 888, 897, 898 (custodia); Arts. 703-724 (arrendamiento).

China: Dickar Bonyuet, Lee. (2023),Código Civil de la República Popular de China. Estudio preliminar, No. 5, pp. 273-309. Recuperado en:

https://www.researchgate.net/publication/370864493_Codigo_Civil_de_la_Republica_Popular_de_China_Estudio_preliminar

ARGENTINA: Código Civil y Comercial de la Nación: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975

Argentina: Arts. 1369-1375 (depósito en hoteles); Arts. 970 (contratos atípicos); Ley 27.221 (locación turística).

Fernández, G.N. (2016). El contrato de hospedaje en la legislación argentina,Bubok.com

ANEXO

Código Civil de la República Popular China (Traducción no oficial)

Capítulo XIV

Contratos de Arrendamiento

Artículo 703

Un contrato de arrendamiento es un contrato mediante el cual un arrendador entrega el bien arrendado a un arrendatario para su uso o para la obtención de un beneficio, por el cual el arrendatario paga el alquiler.

Artículo 704

Un contrato de arrendamiento generalmente contiene cláusulas que especifican el nombre, la cantidad, la finalidad del bien arrendado, el plazo del arrendamiento, el alquiler, el plazo y la forma de pago, el mantenimiento del bien arrendado, entre otros.

Artículo 705

El plazo de un arrendamiento no podrá exceder de veinte años. Si un arrendamiento excede los veinte años, la parte que exceda los veinte años será nula.

Al vencimiento del plazo del arrendamiento, las partes podrán renovar el contrato, siempre que el plazo acordado no exceda de veinte años a partir de la fecha de la renovación.

Artículo 706

El hecho de que las partes no registren el contrato de arrendamiento de conformidad con las disposiciones legales y administrativas no afecta la validez del contrato.

Artículo 707

El contrato de arrendamiento con una duración superior a seis meses deberá constar por escrito.

Si el contrato de arrendamiento entre las partes no consta por escrito y no puede determinarse la duración, se considerará un arrendamiento de duración indefinida.

Artículo 708

El arrendador entregará el bien arrendado al arrendatario de conformidad con el acuerdo y lo mantendrá en condiciones adecuadas para el uso pactado durante el plazo del arrendamiento.

Artículo 709

El arrendatario utilizará el bien arrendado de la forma acordada por las partes. Si no existe acuerdo entre las partes sobre la forma de uso o si el acuerdo es ambiguo, y no puede determinarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 510 de este Código, el bien arrendado se utilizará de acuerdo con su naturaleza.

Artículo 710

Cuando el arrendatario utilice el bien arrendado de la forma acordada por las partes o conforme a su naturaleza, no será responsable del desgaste del mismo.

Artículo 711

Si el arrendatario no utiliza el bien arrendado de la forma acordada por las partes o conforme a su naturaleza, causando daños al mismo, el arrendador podrá rescindir el contrato y solicitar una indemnización.

Artículo 712

El arrendador deberá cumplir con la obligación de mantener el bien arrendado, salvo pacto en contrario entre las partes.

Artículo 713

Si el bien arrendado necesita mantenimiento o reparación, el arrendatario podrá solicitar al arrendador que lo realice en un plazo razonable. Si el arrendador no cumple con la obligación de mantenimiento o reparación, el arrendatario podrá realizar el mantenimiento o la reparación por su cuenta, y los gastos incurridos correrán a cargo del arrendador. Si el mantenimiento o la reparación del bien arrendado afecta al uso que el arrendatario hace del mismo, se reducirá el alquiler o se prorrogará el plazo del arrendamiento en consecuencia.

Si el bien arrendado requiere mantenimiento o reparación por negligencia del arrendatario, el arrendador no tendrá la obligación de mantenimiento o reparación prevista en el párrafo anterior.

Artículo 714

El arrendatario deberá conservar debidamente el bien arrendado y será responsable de la indemnización si este se destruye, daña o pierde por su negligencia.

Artículo 715

El arrendatario podrá, con el consentimiento del arrendador, mejorar el bien arrendado o realizarle ampliaciones.

Si el arrendatario mejora el bien arrendado o le realiza ampliaciones sin el consentimiento del arrendador, este podrá exigirle que lo restituya a su estado original o que le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 716

El arrendatario podrá, con el consentimiento del arrendador, subarrendar el bien arrendado a un tercero.

El contrato de arrendamiento entre el arrendatario y el arrendador seguirá vigente a pesar del subarrendamiento, y si el tercero causa daños al bien arrendado, el arrendatario será responsable de la indemnización.

Si el arrendatario subarrienda el bien sin el consentimiento del arrendador, este podrá rescindir el contrato.

Artículo 717

Si el arrendatario, con el consentimiento del arrendador, subarrienda el bien arrendado a un tercero, si el plazo del subarrendamiento excede el plazo restante del arrendatario, el subarrendamiento durante el período que exceda el plazo original no será vinculante para el arrendador, salvo acuerdo en contrario entre el arrendador y el arrendatario.

Artículo 718

Cuando un arrendador conoce o debería haber conocido el subarrendamiento realizado por un arrendatario, pero no presenta objeción alguna dentro de los seis meses, se considera que el arrendador ha consentido el subarrendamiento.

Artículo 719

Cuando un arrendatario incumple el pago del alquiler, el subarrendatario puede pagar los alquileres atrasados ​​y la indemnización por daños y perjuicios en nombre del arrendatario, a menos que el contrato de subarrendamiento no sea legalmente vinculante para el arrendador.

El alquiler y la indemnización por daños y perjuicios pagados por el subarrendatario en nombre del arrendatario podrán utilizarse para compensar el alquiler que el subarrendatario debe pagar al arrendatario. Si el monto del alquiler y la indemnización por daños y perjuicios pagados por el subarrendatario excede el alquiler, el subarrendatario tiene derecho a una indemnización por parte del arrendatario.

Artículo 720

Todos los ingresos derivados de la posesión o el uso del bien arrendado durante la vigencia del contrato de arrendamiento pertenecerán al arrendatario, salvo pacto en contrario entre las partes.

Artículo 721

El arrendatario deberá pagar el alquiler dentro del plazo establecido en el contrato.

En caso de no existir acuerdo entre las partes sobre el plazo de pago del alquiler, o si dicho acuerdo resulta ambiguo y no puede determinarse conforme a lo dispuesto en el artículo 510 de este Código, el alquiler se pagará al vencimiento del contrato de arrendamiento si este es inferior a un año, o al final de cada año completo si el plazo es superior a un año.

Si el plazo restante es inferior a un año, el alquiler se pagará al vencimiento del contrato de arrendamiento.

Artículo 722

Cuando el arrendatario no pague el alquiler o se retrase en el pago sin justa causa, el arrendador podrá exigirle el pago en un plazo razonable de 130 días y podrá rescindir el contrato si el arrendatario no lo efectúa dentro de dicho plazo.

Artículo 723

Cuando el arrendatario no pueda usar o disfrutar del bien arrendado debido a una reclamación de un tercero, podrá solicitar una reducción o exención del alquiler.

Cuando un tercero reclame sus derechos sobre el bien arrendado, el arrendatario deberá notificarlo al arrendador oportunamente.

Artículo 724

El arrendador podrá rescindir el contrato en cualquiera de las siguientes circunstancias si el bien arrendado no puede usarse por una causa no imputable al arrendatario:

(1) el bien arrendado es embargado o retenido por la autoridad judicial o administrativa de conformidad con la ley;

(2) existen controversias sobre la atribución de derechos del bien arrendado; o

(3) el bien arrendado infringe disposiciones imperativas de leyes y reglamentos administrativos en relación con sus condiciones de uso.

Artículo 725

El cambio de titularidad de un bien arrendado durante el período en que el arrendatario lo posea de conformidad con el contrato de arrendamiento no afectará la validez del contrato.

Artículo 726

El arrendador que tenga intención de vender una vivienda arrendada deberá notificar al arrendatario con la debida antelación a la venta, y el arrendatario tendrá derecho preferente de compra en condiciones equivalentes, salvo que el copropietario ejerza su derecho preferente de compra o que el arrendador la venda a familiares cercanos.

Si el arrendatario no manifiesta expresamente su intención de comprar la vivienda en un plazo de quince días a partir del cumplimiento de la obligación de notificación por parte del arrendador, se considerará que ha renunciado a dicho derecho preferente.

Artículo 727

Cuando el arrendador autoriza a un subastador a vender la vivienda arrendada mediante subasta, deberá notificar al arrendatario con cinco días de antelación a la subasta. Se considerará que el arrendatario ha renunciado a su derecho de preferencia de compra si no participa en la subasta.

Artículo 728

Cuando el arrendador no notifica al arrendatario o le impide de cualquier otro modo ejercer su derecho de preferencia de compra de la vivienda arrendada, el arrendatario podrá solicitar al arrendador que asuma la responsabilidad de la indemnización, salvo que la validez del contrato de compraventa de la vivienda arrendada celebrado entre el arrendador y un tercero no se vea afectada.

Artículo 729

Cuando un bien arrendado se destruye, daña o pierde parcial o totalmente por una causa no imputable al arrendatario, este podrá solicitar una reducción o exención del alquiler; y el arrendatario podrá rescindir el contrato si la finalidad del mismo no puede alcanzarse debido a la destrucción, el daño o la pérdida.

Artículo 730

Cuando no exista acuerdo entre las partes sobre la duración del arrendamiento, o si el acuerdo no es claro, si no puede determinarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 de este Código, el arrendamiento se considerará de duración indefinida. Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato en cualquier momento, siempre que notifique a la otra parte con la debida antelación.

Artículo 731

Cuando el bien arrendado ponga en peligro la seguridad o la salud del arrendatario, este podrá rescindir el contrato en cualquier momento, incluso si al celebrar el contrato tenía pleno conocimiento de la mala calidad del bien arrendado.

Artículo 732

Cuando un arrendatario fallece durante la vigencia del contrato de arrendamiento de una vivienda, una persona que conviva con el fallecido o que ocupe conjuntamente la vivienda podrá arrendarla según el contrato de arrendamiento original.

Artículo 733

El arrendatario deberá devolver el bien arrendado al vencimiento del plazo del contrato.

El bien arrendado devuelto deberá conservarse en el estado en que se encontraba después de su uso, de conformidad con el contrato o con su naturaleza.

Artículo 734

Si el arrendatario continúa utilizando el bien arrendado después del vencimiento del plazo del contrato y el arrendador no ha presentado ninguna objeción, el contrato de arrendamiento original seguirá vigente, salvo que el plazo del arrendamiento se considerará indefinido.

Al vencimiento del plazo del contrato, el arrendatario deberá devolver el bien arrendado.

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Capítulo XXI

Contratos de Custodia de Bienes

Artículo 888

Un contrato de custodia de bienes es aquel en virtud del cual un custodio guarda el objeto entregado por un depositante y lo devuelve.

Cuando un depositante realiza compras, comidas, se hospeda u otras actividades en el lugar del custodio y deposita un objeto en un área designada, se considera que el objeto queda bajo la custodia del custodio, salvo acuerdo en contrario entre las partes o requerido por el curso de la transacción.

Artículo 889

El depositante pagará al custodio la tasa de custodia de conformidad con el acuerdo.

Si no existe acuerdo entre las partes sobre la tasa de custodia o el acuerdo es ambiguo, y no puede determinarse de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 510 de este Código, se considerará que el objeto se encuentra en custodia gratuita.

Artículo 890

Un contrato de custodia de bienes se formaliza al momento de la entrega del objeto que se guardará bajo custodia, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

Artículo 891

Cuando un depositante entrega a un custodio un objeto para su custodia, el custodio expedirá un certificado de custodia, salvo que la operación comercial exija lo contrario.

Artículo 892

El custodio custodiará debidamente el objeto depositado.

Las partes podrán acordar el lugar y el método de custodia. Salvo en caso de emergencia o en interés del depositante, el lugar y el método de custodia no podrán modificarse sin el consentimiento de la otra parte.

Artículo 893

Cuando un depositante entrega a un custodio un objeto para su custodia que presente defectos o requiera medidas especiales de custodia por su naturaleza, deberá informar al custodio de la información pertinente. Si el depositante no lo hace y, como consecuencia, el objeto depositado sufre daños, el custodio no será responsable de la indemnización. Cuando el depositario sufra una pérdida, el depositante será responsable de la indemnización, a menos que el depositario conozca o debiera haber conocido la situación, pero no tome medidas correctivas.

Artículo 894

El depositario no podrá volver a depositar un objeto bajo su custodia a un tercero para su custodia, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

El depositario que vuelva a depositar un objeto bajo su custodia a un tercero para su custodia, en contravención del párrafo anterior, causando así daños al objeto, será responsable de la indemnización.

Artículo 895

El depositario no podrá usar ni permitir que un tercero use el objeto bajo su custodia, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

Artículo 896

Cuando un tercero presente una reclamación contra un objeto bajo la custodia del depositario, este deberá devolver el objeto al depositante, a menos que dicho objeto se encuentre en conservación o ejecución conforme a la ley.

Cuando un tercero inicie una acción contra el custodio o solicite la retención del objeto bajo su custodia, el custodio deberá notificar de inmediato al depositante.

Artículo 897

Cuando un objeto bajo custodia se destruya, dañe o se pierda debido a una custodia inadecuada por parte del custodio durante el período en que el objeto esté bajo su custodia, el custodio será responsable de la indemnización, salvo que el custodio que guarde el objeto depositado gratuitamente no será responsable de la indemnización si puede probar que la destrucción, el daño o la pérdida no fueron causados ​​por su dolo o negligencia grave.

Artículo 898

El depositante deberá declarar al custodio si deposita dinero, valores negociables u otros objetos de valor, y el custodio los examinará para su aceptación o los sellará; si el depositante no realiza dicha declaración, y el objeto se destruye, daña o se pierde, el custodio podrá indemnizarlo según la tarifa aplicable a los objetos ordinarios.

Artículo 899

El depositante podrá retirar en cualquier momento el objeto que haya depositado en custodia.

Si no existe acuerdo entre las partes sobre el plazo de custodia o si el acuerdo no es claro, el depositario podrá, en cualquier momento, solicitar al depositante que retire el objeto bajo su custodia. Si existe un acuerdo sobre el plazo de custodia, el depositario no podrá, salvo causa justificada, solicitar al depositante que retire el objeto antes de que expire dicho plazo.

Artículo 900

Al expirar el plazo de custodia o si el depositante retira el objeto depositado antes de que expire dicho plazo, el depositario deberá devolver el objeto y el producto generado al depositante.

Artículo 901

Cuando se deposite dinero en custodia, el depositario podrá devolverlo en la misma moneda y cantidad. Cuando se depositen otros bienes fungibles en custodia, el depositario podrá devolver bienes de la misma clase, calidad y cantidad, de conformidad con el acuerdo.

Artículo 902

En virtud de un contrato de custodia no gratuita, el depositante deberá abonar la tasa de custodia al depositario en el plazo acordado por las partes.

Si no existe acuerdo entre las partes sobre el plazo de pago de la tasa de custodia o si dicho acuerdo no es claro, y no puede determinarse conforme a lo dispuesto en el artículo 510 de este Código, el pago se efectuará en el momento de la recogida del objeto depositado.

Artículo 903

Si el depositante no abona la tasa de custodia ni los demás gastos, el depositario tendrá derecho a retener el objeto depositado en garantía prendaria, salvo que las partes acuerden lo contrario.

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul dictó una importante sentencia contra la empresa de turismo estudiantil Viafín Turismo – VF S.A. La firma fue condenada a abonar una suma superior a los $ 60,8 millones en favor de cinco familias de la ciudad de Tandil. El fallo resolvió el reclamo planteado por la cancelación no resuelta de los viajes de egresados de sus hijos.

El monto global fijado por la Justicia surge de establecer una indemnización individual de $ 12.165.589,92 por cada grupo familiar afectado en el proceso judicial. Este valor total abarca la restitución del costo actualizado del paquete turístico, la reparación por daño moral y una sanción por daño punitivo. A estas cifras deberán sumarse los intereses acumulados desde la solicitud formal de baja.

El origen del conflicto contractual se remonta al año 2019, momento en que las familias firmaron los contratos correspondientes para el viaje estudiantil. Los estudiantes tenían previsto realizar su travesía de egresados en diciembre de 2021 hacia destinos nacionales contratados previamente. A pesar de haber cancelado el total de las cuotas y poseer los certificados de libre deuda, los servicios contratados nunca se hicieron efectivos.

Las medidas de restricción sanitaria derivadas de la pandemia obligaron a modificar la fecha original de salida programada por la empresa. La agencia propuso primero trasladar la fecha para enero de 2022 y posteriormente fijó una segunda postergación para el mes de marzo del mismo año. La persistente falta de certezas y las dificultades operativas llevaron a los padres a solicitar formalmente la cancelación definitiva de los servicios.

Ante las reiteradas solicitudes de los tutores para obtener la devolución de los importes abonados, la empresa de viajes brindó contestaciones parciales y tardías. La falta de precisiones sobre el esquema de reintegro derivó en que los pagos comprometidos por la firma comercial no se efectivizaran dentro de los plazos legales. La conducta evasiva del operador turístico agudizó el malestar de los damnificados.

Los consumidores recurrieron inicialmente a la Oficina Municipal de Información al Consumidor para tramitar una solución por la vía administrativa local. Sin embargo, las audiencias conciliatorias no arrojaron resultados favorables debido a la postura inflexible manifestada por los representantes de la agencia. Posteriormente, la etapa de mediación previa a la demanda judicial concluyó de idéntica manera sin lograr acuerdos satisfactorios.

Al no obtener respuestas ni soluciones ante los reclamos prejudiciales, las cinco familias decidieron elevar la demanda a los tribunales civiles de primera instancia. Durante la primera fase del proceso judicial, la empresa demandada omitió responder la notificación en tiempo y forma establecidos por la ley. Esta inacción procesal derivó en que el tribunal declarara la rebeldía de la agencia de turismo estudiantil.

Recién en una etapa posterior del juicio la firma intentó justificar la imposibilidad de cumplimiento alegando las restricciones sanitarias de la pandemia. No obstante, los magistrados intervinientes descartaron ese argumento como justificativo válido para eludir la devolución del dinero. El tribunal remarcó que la contingencia sanitaria no eximía a la agencia de sus deberes informativos y contractuales básicos.

En la sentencia dictada en primera instancia, la Justicia había reconocido únicamente un monto de devolución muy inferior al monto exigido por las familias. Según constancias del expediente, en el año 2022 la firma pretendió saldar la controversia ofreciendo un reintegro total de apenas $ 453.750 repartido entre los cinco grupos. Aquella propuesta representaba una cifra insignificantemente menor en comparación con el desembolso efectuado.

Al revisar el fallo en segunda instancia, la Cámara de Apelación de Azul consideró inadecuada la suma otorgada inicialmente y decidió actualizar los valores. La revisión judicial elevó la reparación económica a un importe que supera en más de 130 veces la devolución propuesta por la empresa. El cálculo judicial tomó en consideración el valor actual de mercado de los servicios no prestados.

La recomposición de los importes no solo contempló el valor actualizado del viaje, sino también los perjuicios extrapatrimoniales ocasionados a los estudiantes. Cada uno de los renglones indemnizatorios fue recalculado para garantizar una reparación plena e integral a los consumidores afectados. La decisión de la Cámara buscó restituir el equilibrio financiero alterado por el incumplimiento de la empresa.

Asimismo, el tribunal dispuso aplicar sobre el capital de la condena los intereses correspondientes contados desde el momento de cada solicitud de baja. Esta adición financiera incrementa substancialmente el monto final que deberá desembolsar la agencia para cancelar la deuda con las familias. De este modo, la Justicia buscó contrarrestar el impacto de la desvalorización monetaria durante el litigio.

En el análisis del perjuicio extrapatrimonial, los jueces de la Cámara resolvieron elevar la indemnización por daño moral para cada estudiante a la suma de $ 3.000.000. Los magistrados sostuvieron que la frustración del viaje de egresados afectó un momento vivencial único e irrepetible en la etapa escolar. Esa afectación emocional justificó una compensación dineraria mayor a la fijada originariamente en primera instancia.

Del mismo modo, el tribunal resolvió incrementar la reparación por daño moral destinada a las madres y padres firmantes de los contratos turísticos. Cada progenitora recibirá la suma de $ 1.000.000 en concepto de compensación por la angustia y el desgaste sufridos durante los constantes reclamos. La Justicia valoró la sobrecarga emocional que representó para las familias la falta de contención empresarial.

Respecto al daño punitivo, la Cámara de Apelación decidió endurecer la multa civil impuesta a la agencia de viajes por su conducta desinteresada. La sanción económica fue fijada en el equivalente a cuatro Canastas Básicas Totales por cada grupo familiar involucrado en la causa. Este cálculo representó una cifra de $ 6.443.089,92 por familia en concepto de penalización disuasiva.

El fallo ponderó especialmente la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraban los estudiantes al momento de contratar el servicio. La condición de adolescentes de los viajeros exigía por parte de la empresa un estándar superior de cuidado, transparencia e información. La omisión de estos deberes constituyó un elemento central para la aplicación de la máxima multa civil.

Un aspecto medular del pronunciamiento judicial radica en que la sanción no se fundamentó únicamente en la suspensión del viaje provocada por la pandemia. Los camaristas remarcaron que el foco del reproche legal estuvo puesto en la conducta posterior adoptada por la firma comercial. La falta de colaboración, la retención abusiva de fondos y la escasez de información configuraron la infracción grave.

Además de la condena económica, la sentencia judicial ordenó la publicación de la parte resolutiva del fallo en un diario de amplia circulación de Tandil. Esta medida de difusión busca dar visibilidad pública a la sanción aplicada y prevenir situaciones similares en el mercado turístico local. La difusión judicial actúa como un mecanismo de transparencia y protección para futuros contratantes.

Por otra parte, el tribunal resolvió que la totalidad de las costas y gastos derivados del proceso judicial deberán ser asumidos por la empresa demandada. De esta forma, las familias no tendrán que afrontar erogaciones por honorarios ni tasas correspondientes al litigio desarrollado en los tribunales. La imposición de costas reaffirma la responsabilidad integral atribuida a la firma de turismo.

La resolución judicial dictada en Azul sienta un precedente relevante para la operatoria comercial de las agencias de turismo estudiantil en Argentina. El fallo advierte a las empresas del sector que la atención deficiente de reclamos tras eventos de fuerza mayor puede derivar en graves contingencias económicas. La correcta gestión postventa y la transparencia informativa se consolidan así como exigencias ineludibles para la industria.

VER FALLO

Turismo y Derecho

La línea aérea dominicana Arajet ha comunicado de manera oficial una suspensión operativa temporal en su servicio directo entre las ciudades de Mendoza y Punta Cana.

Esta medida de reordenamiento en la red de conectividad internacional entrará en vigencia formal a partir de mediados de agosto y se mantendrá activa durante las próximas semanas.

La decisión busca proteger la sustentabilidad a largo plazo de este trayecto directo entre la provincia argentina y el destino caribeño.

El propósito principal planteado por la compañía radica en fortalecer la viabilidad financiera y logística de la ruta aérea para asegurar una conectividad estable y continua hacia el Caribe.

Ajuste operativo en la red internacional de la aerolínea dominicana

La suspensión formal de las operaciones en la ruta Mendoza-Punta Cana comenzará de manera programada el 15 de agosto y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el 2 de octubre.

Desde el equipo corporativo de Arajet señalaron que esta reorganización no fue una resolución tomada a la ligera por el impacto en los itinerarios previstos.

Las autoridades aercomerciales explicaron que se trata de un esfuerzo de carácter preventivo para reajustar los esquemas de vuelo en la región y mantener su presencia regular.

La reestructuración responde a los desafíos operativos actuales que enfrenta la aviación internacional en diversos mercados de América Latina y del resto del mundo.

Se prevé que una vez finalizado este período de transición, la aerolínea restablezca sus frecuencias regulares para unir ambos puntos geográficos de manera eficiente.

Medidas de asistencia y políticas de flexibilidad para pasajeros

Ante el escenario planteado, la empresa aeronáutica ha dispuesto una serie de medidas de protección comercial destinadas a mitigar las posibles molestias generadas a los usuarios.

La compañía ha autorizado la gestión de devoluciones totales del importe de los billetes adquiridos sin la aplicación de ningún tipo de penalidad económica.

De igual forma, se han habilitado opciones para efectuar modificaciones de fechas de vuelo sin costo adicional para aquellos clientes que decidan mantener sus planes de viaje.

Los pasajeros afectados contarán además con la posibilidad de reprogramar su punto de partida utilizando otros aeropuertos de la red donde opera habitualmente la aerolínea.

Las agencias de viajes y los operadores comerciales dispondrán del apoyo técnico constante por parte del equipo local de ventas para resolver casos específicos durante este lapso.

Impacto en la Industria Aeronáutica y el Mercado Comercial Argentino

El sector aerocomercial global se encuentra atravesando una etapa de variaciones constantes debido a factores económicos y de demanda cambiante en los principales mercados.

A pesar de la pausa estipulada en este enlace específico, los directivos de Arajet ratificaron plenamente su apuesta estratégica por la plaza de Mendoza y el mercado nacional.

La ciudad de Mendoza continúa representando un punto neurálgico de conectividad turística y comercial para la región de Cuyo y el resto del territorio argentino.

El canal de distribución minorista de las agencias de turismo desempeñará un rol clave durante esta etapa de asistencia y reubicación de las reservas ya emitidas.

Los equipos de soporte técnico mantendrán abiertas las vías de contacto habituales para asesorar a los profesionales sobre la continuidad del itinerario previsto a partir de octubre.

Proyección futura de la conexión aérea entre Cuyo y El Caribe

Las estimaciones de la compañía prevén un retorno fortalecido a la operación regular de la ruta una vez concluido el plan de reordenamiento de flota.

La ruta Mendoza-Punta Cana se ha consolidado como una alternativa de vuelo directo para los turistas que buscan viajar al Caribe sin pasar por la capital del país.

Tanto las autoridades provinciales como las entidades del sector turístico privado siguen de cerca el desarrollo del cronograma de reanudación fijado para el próximo mes de octubre.

La aerolínea dominicana reiteró su objetivo de continuar diversificando sus itinerarios continentales y manteniendo sus planes de desarrollo en el cono sur.

Con este plan de contingencia se busca salvaguardar la confianza de los consumidores y asegurar la viabilidad futura de los enlaces internacionales desde las provincias argentinas.

Turismo y Derecho

La República Argentina cerró la primera mitad del año con una mejora en la balanza turística en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque el número de residentes que viajaron al exterior continuó superando al de extranjeros que ingresaron, la brecha se redujo considerablemente.

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre enero y junio se registró el ingreso de 2,89 millones de turistas no residentes a la Argentina. Esta cifra representa un incremento interanual del 7,4 por ciento en la llegada de visitantes internacionales.

En contraposición, el flujo de turismo emisivo contabilizó a 6,38 millones de turistas residentes que viajaron al exterior durante el mismo período. Este volumen reflejó una contracción del 13,2 por ciento en comparación con las cifras registradas en la primera mitad del año pasado.

Evolución de los flujos de viajeros internacionales

El saldo neto entre entradas y salidas finalizó con un resultado negativo de 3,48 millones de turistas durante los primeros seis meses. Sin embargo, la diferencia se achicó en casi 1,2 millones de personas respecto al déficit acumulado en el ciclo previo.

Al sumar a los excursionistas que cruzaron los pasos fronterizos sin realizar pernoctes, las dimensiones del flujo global se ampliaron. El turismo receptivo reunió a 4,79 millones de visitantes totales, mientras que el turismo emisivo alcanzó los 9,29 millones de personas.

En lo relativo al mes de junio, ingresaron al país 329,2 mil turistas extranjeros, lo que marcó un alza interanual del 3,3 por ciento. Por su parte, la salida de residentes disminuyó un 22 por ciento en ese mes, ubicándose en 501,9 mil personas.

Balance cambiario y nivel de gasto de los turistas

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI), enfocada en los accesos de Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires, reflejó el impacto financiero de estos desplazamientos. Durante el segundo trimestre del año, el saldo negativo por turismo alcanzó los 751,9 millones de dólares.

En el acumulado del semestre, los visitantes no residentes desembolsaron 1.553,9 millones de dólares en el país. A su vez, los viajeros locales efectuaron consumos en el exterior por 3.401,5 millones de dólares, dejando un déficit de 1.847,6 millones de dólares.

El gasto diario promedio durante el trimestre presentó disparidades según el origen del viajero. Los residentes argentinos que viajaron al exterior gastaron un promedio de 105,8 dólares diarios, mientras que los turistas extranjeros en Argentina promediaron 87,3 dólares por día.

Países de origen y destinos más seleccionados

Brasil se consolidó como el principal mercado emisor de turistas hacia la Argentina durante el sexto mes del año, con 101,4 mil arribos. El podio del turismo receptivo se completó con la llegada de visitantes provenientes de Uruguay y Chile.

Respecto de las preferencias de los viajeros argentinos, Europa se posicionó como el destino más elegido durante el mes de junio, sumando 87,2 mil salidas. Le siguieron en preferencia las distintas regiones del resto de América y la República Federativa del Brasil.

En cuanto a los motivos de viaje, las actividades de ocio y vacaciones explicaron el 54 por ciento del turismo receptivo y el 67,7 por ciento del emisivo. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas constituyeron el alojamiento más demandado en ambas modalidades.

Modos de transporte y vías de acceso fronterizo

La vía aérea se mantuvo como la opción preponderante para el transporte de pasajeros a nivel internacional durante el semestre. Los aeropuertos concentraron el 50 por ciento del turismo receptivo total y el 44 por ciento de las salidas de residentes.

Durante el mes de junio, el 56,5 por ciento de los extranjeros ingresó al territorio argentino en avión, el 31,8 por ciento por vía terrestre y el 11,7 por ciento fluvial o marítimo. Por su parte, el 62,4 por ciento de los residentes partió por vía aérea.

La caída en las salidas al exterior se observó en todas las vías, pero se acentuó en los pasos terrestres con una baja del 34,8 por ciento. Los desplazamientos aéreos hacia el exterior descendieron un 14,6 por ciento, mientras que los fluviales cayeron un 16,7 por ciento.

Turismo y Derecho