Turismo y Derecho

Te invitamos a participar en la exposición virtual del reconocido abogado argentino, el Dr. Diego A. Benítez, titulada «¿Qué se desreguló en el Turismo?. Cambios y desafíos en el sector», el próximo 25 de septiembre de 2024 a partir de las 18 hs.

Con una destacada trayectoria internacional, el Dr. Benítez es Consultor en legislación turística de la Organización Mundial del Turismo. Es profesor titular y de posgrado, y ha impartido conferencias en prestigiosos foros de países como Irán, China, Brasil, España, México, Uruguay y varios más. Autor de 53 publicaciones sobre derecho del turismo, el profesor Benítez nos guiará a través de un análisis profundo sobre los cambios y desafíos que se generaron en el sector turístico en Argentina a partir de la desregulación que inició la actual Administración nacional.

Enlace para asistir a la actividad gratuita:  meet.google.com/zne-zbrg-roq

Turismo y Derecho

Primera parte

Segunda parte

Dr. Diego Augusto Benítez, UNRN Patagonia Argentina¹

SUMARIO El derecho y el turismo aventura. La respuesta de los tribunales frente a la responsabilidad del prestador y del Estado. Grupo académico de sostenibilidad jurídica. Las normas estandarizadas del turismo de aventura. Conclusiones.

El derecho y el turismo aventura

El turismo de aventura crece en importancia principalmente en destinos de Sudamérica. Ya sea con fines comerciales o clubes sin fines de lucro, las actividades de turismo de aventura implican un elemento aceptado en algunos casos, riesgo inherentes, pero un gran desafío por mantener indemne al pasajero. Para una prestación informad y seguro, los prestadores de actividades de turismo de aventura necesitan operar de manera segura y práctica.

Según el informe de turismo aventura de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de 2015, los turistas hacen las actividades en tres grupos:

1. 71% de actividades blandas (soft);

2. 22% actividades duras y blandas;

3. 7% de actividades duras (hard).

El derecho viene a explicar y dar solución a actividades que no requieren preparación, sin necesidad de habilidades, generalmente ofrecidas a familias con menores (soft), en comparación con actividades con elementos de riesgo y desafío, no ofrecidas a menores de edad, familias o turistas inexpertos. Ambas combinadas también son posibles. Rafting, trekking, ciclismo, por ejemplo, podría ser suave o dura, de acuerdo al terreno y las épocas en las cuales se realizan.

1. dbenitez@unrn.edu.ar . Profesor titular por concurso Sede Andina UNRN. Bariloche. Patagonia. Secretario General Sociedad Iberoamericana de Derecho del Turismo.

Como ejemplo, siguiendo a la Federación Internacional de Rafting², las clases I y II son suaves, III y IV, suaves y duras, y las clases V y VI, duras. En el descenso de ríos existe una clasificación internacional ampliamente aceptada para clasificar los ríos según su grado de dificultad al navegarlos.

1. • Aguas planas. Se refiere a cuerpos de agua cuya superficie es prácticamente plana, sus remolinos, huecos y olas son despreciables.

   • Clase I. Muy fácil. Aguas casi planas, muy poco turbulentas con olas pequeñas. Totalmente navegable.

   • Clase II. Fácil. Aguas un poco turbulentas con huecos y hoyos de no más de 25 centímetros, remolinos pequeños sin peligro alguno para un nadador.

A partir de aquí se consideran ríos rápidos, de aguas blancas o de aguas bravas.

1. • Clase III. Intermedio. Aguas turbulentas con huecos y olas medianas de no más de un metro, remolinos de cuidado para un nadador y de alguna consideración para una embarcación. La navegación requiere buena técnica y conocimiento del río. Existen algunos pasos técnicos de atención.

   • Clase IV. Difícil. Aguas blancas muy turbulentas pero predecibles. Huecos y olas de hasta dos metros, remolinos considerables para una embarcación. Pueden existir cascadas de consideración. La navegación requiere muy buena técnica y conocimiento del río. Existen pasos estrechos que requieren maniobras técnicas complicadas.

   • Clase V. Experto. Aguas blancas muy turbulentas poco predecibles con olas y huecos de más de dos metros. Remolinos y cascadas de peligro. Requiere un grado de técnica experto y muy buen conocimiento del río. Necesidad de maniobras extremadamente técnicas.

2. IFR en su sigla en inglés es un claro ejemplo de actividades normalizadas y con clasificaciones internacionales.

   • Clase VI. Extremadamente difícil o no navegable. Se considera muy difícil o imposible de navegar.

Todo río rápido no tiene una misma clase en toda su extensión, sino que posee una sucesión de tramos de distintas clases. Un río o un tramo del mismo se consideran de la misma clase que su rápido más difícil. La mayor parte de la actividad en descenso de ríos se realiza en las clases III y IV, quedando las clases II e inferiores en la categoría de navegación general en la que otras embarcaciones, técnicas y equipos son utilizados. Los ríos de clase V son abordados únicamente por expertos.

Si encontráramos respuesta a cómo se debe informar en el turismo aventura, como en es en el caso del rafting, no sería tan necesario la intervención del derecho. Pero la mayoría de las actividades ofrecidas, carecen de esta estandarización, por lo tanto es importante tomar en cuenta cada caso. Nos será lo mismo un ascenso a un volcán, que un paseo a caballo en familia. No podrá ponerse en cabeza del pasajero, la asunción del riesgo en este último caso.

La respuesta de los tribunales

Para el derecho, y siguiendo la respuesta del tribunal a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y América latina, los deberes de información y seguridad, impuestos por los Códigos del Consumidor, deben ser muy diferentes para actividades fáciles y difíciles.

En Argentina, el máximo tribunal de Justicia ha determinado en el caso Cohen³ la responsabilidad de prestador y eximido al estado provincial y nacional, en una sentencia que da claridad a los sectores involucrados.

Se trataba de un accidente de parapente, del mes de febrero de 1999 cuando Cohen viajó a la ciudad de Bariloche. Expone que uno de los propósitos de su viaje fue tener una visión aérea y panorámica del paisaje merced al vuelo en parapente por lo que, a poco de llegar, contrató los servicios de Parapente Bariloche S.R.L., escuela de vuelo con cuyos instructores realizó el primer salto. Afirma que durante las charlas previas esos instructores le ofrecieron saltar con sus hijos menores. El 10 de febrero uno de los

3. Cohen, Eliazar c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios» – CSJN – 30/05/2006.

integrantes de la empresa citada le informó telefónicamente que se presentaban condiciones favorables para otro vuelo por lo que se dirigió al cerro Otto desde el cual y sobre un costado se hace el despegue. El instructor a cargo del vuelo sería el Sr. MD. Con el equipo colocado -continúa- aguardaron las condiciones más favorables a juicio de los guías y despegaron hacia arriba ya que el viento era muy fuerte. En vuelo y prácticamente de inmediato, se cerró una de las alas por lo que pese a las maniobras del instructor el parapente cayó en tirabuzón. MD con todo su peso y equipo se precipitó sobre el actor. Sólo una hora y media después arribó una ambulancia que lo trasladó por un camino de montaña lo que agudizaba los dolores intensos que sufría. Destaca que en el lugar no había equipo de auxilio ni helicóptero sanitario ni de pasajeros. En el suelo -prosigue- quedó inmovilizado, casi desvanecido y sin control de su cuerpo y en especial de sus piernas. Su respiración era dificultosa y tenía sensación de baja presión. Debió ser trasladado a pulso padeciendo los inconvenientes derivados de lo escabroso del terreno. Agrega que no se pudo utilizar una aerosilla y que esas condiciones, unidas a sus lesiones, empeoraron su situación determinando su parálisis definitiva. Dice que después de cinco horas se le realizó una operación de descompresión empeorándose su situación por un coágulo. Expone que a raíz del hecho se abrió una causa penal en la que el juez interviniente determinó el sobreseimiento definitivo de MD.

La respuesta del máximo tribunal argentino fue de que en un caso de singular analogía con el presente, los tribunales franceses han emitido opinión respecto de la responsabilidad de los organizadores de vuelos en parapente biplaza y de los instructores que los realizan en casos en los que son acompañados por personas que generalmente cuentan con escasa o ninguna experiencia. En ese sentido el Recueil Dalloz Nº 21 de julio de1998⁴, publica una sentencia de la Corte de Casación 1ª sala civil, del octubre de1997⁵, en la que se consideran los daños sufridos por un pasajero durante un vuelo en un parapente de esas características piloteado por un instructor de una escuela. Allí, al revocar el pronunciamiento del fallo de la instancia anterior, el tribunal asimiló la situación del usuario a la de un pasajero transportado y sostuvo que el organizador y el

4. Recueil Dalloz Nº 21 Hebdomadaire 4/7/1998.

5. Cour de cassation chambre civile 1. Audience publique du mardi 21 octobre 1997. N° de pourvoi: 95-18558.

instructor (moniteur) tienen una obligación de resultado en lo relativo a la seguridad de sus clientes durante el vuelo en el caso de que éstos no hayan asumido, con su participación, un rol activo (rôle actif) en la producción del perjuicio. Esa asimilación con el contrato de transporte, obviamente, sólo funciona en los casos de vuelos con un acompañante ligado ya sea por un contrato oneroso o benévolo.

Bajo este encuadre normativo, el prestador del servicio está obligado a preservar la integridad del pasajero y al «pleno resarcimiento de los daños y perjuicios» que este experimente como consecuencia del transporte, a menos que pruebe que el accidente provino de caso fortuito o fuerza mayor, o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable.

En efecto, la circunstancia de que las actividades privadas se hallen sujetas a regulación estatal por razones de interés general o que inclusive dependan del previo otorgamiento de un permiso, licencia o habilitación, significa que están sometidas a condiciones y estándares mínimos para que los particulares puedan desarrollarlas lícitamente, pero no releva de responsabilidad personal a quien las desarrolla ni torna al Estado en corresponsable de los daños que pudieran resultar del incumplimiento de los reglamentos dictados a tal efecto.

Es que, quien alega responsabilidad del Estado por falta de servicio, debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama⁶. En la especie el demandante sostiene que la provincia omitió supervisar la actividad del instructor y de la empresa demandada, así como proveerle auxilio mediante un helicóptero sanitario inmediatamente después de ocurrido el accidente. Sin embargo, el deber de obrar en tal sentido (controlar y prestar auxilio inmediato) no resulta de la reglamentación aludida y tampoco se advierte que tales conductas fueran las exigibles en concreto, esto es, en las particulares circunstancias del caso, a la provincia demandada. Cuando la administración regula las actividades privadas, imponiéndoles a las personas

6. Fallos 317:1233.

que las llevan a cabo determinados deberes, la extensión hasta la cual ella supervisa y controla el cumplimiento de estos últimos depende, salvo disposición en contrario, de una variedad de circunstancias tales como lo son el grado de control practicable, la previsibilidad o regularidad del suceso que se trata de prevenir, el número de agentes y fondos presupuestarios, y las prioridades fijas de manera reglada o discrecional para la asignación de los medios disponibles. El deber genérico de proveer al bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión culposa en materializar el deber indicado. Sostener lo contrario significaría tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros, por quienes no está obligado a responder⁷.

Como conclusión, el juez manifiesta que por otra parte, en el caso tampoco se advierte cómo la supervisión y control hubieran podido evitar el daño, toda vez que el accidente se produjo una veintena de segundos después del despegue desde la ladera del cerro, debido a una corriente súbita de aire que plegó las alas del artefacto, y forzó a efectuar un aterrizaje de emergencia sobre la vegetación existente en la zona, sin que hubiera sido posible abrir el paracaídas auxiliar debido a la cercanía del suelo⁸. No es imaginable cómo la provincia podría materialmente controlar a todos los conductores o pilotos que exceden los términos de sus respectivas licencias ni, concretamente, qué medidas de seguridad hubiera podido adoptar en la especie para conducir al pasajero sano y salvo a destino; resultado al que la provincia demandada no se había comprometido⁹. En tales condiciones, falta el necesario nexo causal entre la conducta estatal y el daño acaecido¹⁰.

Grupo académico de sostenibilidad jurídica

7. conf. Fallos 323:318 y 3599.

8. conf. fs. 139/140, 880, posición g y fs. 1, 45 y 105/106 de la causa penal agregada.

9. conf. Fallos 321:1462.

10. Fallos 324:1243 y 3699, entre otros.

Para encontrar desde los ámbitos académicos una respuesta doctrinaria, en 2015, muchas universidades de Australia, Argentina, Canadá, Chile, China, Irán, Japón, Nueva Zelanda y Tailandia crearon el “grupo académico de sostenibilidad jurídica”.

La primera tarea académica fue la definición del deber de información para las actividades de turismo de aventura como una forma de aclarar las regulaciones legales de las administraciones locales de turismo y los formularios de reconocimiento para los proveedores.

Se definieron cuatro categorías en términos de aclarar la obligación de información:

1. fácil;

2. moderado;

3. avanzado;

4. extremo.

Otra de las tareas del grupo es la asistencia técnica para la elaboración de formularios de información complementada por charlas obligatorias. El ejemplo del decreto 3772/07¹¹ de la provincia patagónica de Santa Cruz, Patagonia, que en su artículo 7 y 8 determina las dificultades técnicas y exigencias personales de los participantes:

“CAPITULO III. DEL GRADO DE DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES

Artículo 7º: Se entiende por Dificultad técnica el grado de conocimiento y experiencia exigida al participante con relación a la utilización de equipamiento

11. DECRETO PROVINCIAL 3772 – REGULA ACTIVIDADES TURISMO AVENTURA

Capitulo i. conceptualización y alcance Art. 1 – A los efectos de la presente reglamentación, se entiende por Turismo Aventura, los viajes y/o excursiones cuya motivación principal es la práctica o experiencia de una única actividad o una combinación de actividades, que se desarrollan en ambientes naturales y/o culturales, que implican la existencia de riesgo controlado para los participantes, exigiendo en ocasiones que los mismos posean cierto grado de destrezas, conocimientos técnicos y/o capacidad para realizar esfuerzo físico. Dichas actividades exigen para su normal desarrollo, de la intervención de guías experimentados y de equipamiento especial.

idóneo, manejo de técnicas requeridas por la actividad específica o por una de las actividades programadas. Se discriminan tres niveles: a) Principiante: Sin conocimientos de las técnicas y del manejo del instrumental requeridos por la actividad. Sin experiencia en las actividad. b) Avanzado: Con algún conocimiento sobre las técnicas y el manejo del instrumental requeridos por la actividad y con experiencia en la práctica de la actividad. c) Experto: Alto grado de conocimientos sobre las técnicas y del manejo del instrumental requerido por la actividad y con experiencia en la práctica de la actividad.

Artículo 8º: Se entiende por Exigencia personal al requerimiento de capacidad física y mental/emocional del participante para afrontar con éxito la actividad programada. Será clasificada en cuatro niveles: a) Baja: Exige solamente capacidad de desplazamiento individual. b) Moderada: Exige resistencia para soportar el desarrollo de una actividad prolongada. c) Alta: Exige un estado físico que garantice resistencia y fuerza para soportar el desarrollo de la actividad sin afectar el disfrute de la actividad y el logro del objetivo propuesto

d) Extrema: Las particularidades de la actividad podría requerir llevar al límite de la resistencia el esfuerzo físico y mental del participante. Se evidencia un mayor nivel de riesgo.”

La segunda tarea fue definir el contenido del formulario de información:

• el cuerpo del formulario debe ser fácil de leer, corto y sin cursiva;

• se deben usar palabras simples, claras y sin ambigüedades;

• los párrafos relacionados con los riesgos inherentes a la actividad, con los cuales el participante tiene que estar de acuerdo, deben sobresalir visiblemente;

• se deben incluir las condiciones climáticas y climáticas, las actividades, los riesgos inherentes y los posibles accidentes involucrados;

• el participante debe tener tiempo suficiente para leer el documento, contemplar los riesgos y firmar el formulario, todo antes de comenzar cualquier actividad;

• los proveedores deben tomar medidas de seguridad y los posibles riesgos relacionados con los participantes, antes de ingresar al área donde se realizan las actividades;

-la fecha y la firma deben ser puestas después del último párrafo;

• el formulario debe estar en el idioma local y, si es posible, traducido al idioma de los participantes.

No puede ser usada:

• terminología jurídica (“riesgo objetivo”, por ejemplo);

• terminología del proveedor (acrónimos, números de clase, coordenadas, palabras extranjeras);

• términos tales como: exenciones, segregación de responsabilidades, exculpatorios, etc., dado que implican un deseo de eximir y no consentir la actividad, que se sanciona como una cláusula abusiva en las leyes de los consumidores.

El tratamiento del riesgo puede implicar:

• evitar el riesgo al decidir no comenzar o continuar con la actividad que genera el riesgo;

• tomar o aumentar el riesgo para buscar una oportunidad;

• eliminar la fuente de riesgo;

• compartir el riesgo con otra parte o partes, incluidos los contratos y la financiación del riesgo; y

• retener el riesgo por decisión informada.

Los tratamientos de riesgo sobre las consecuencias negativas a veces se denominan “mitigación del riesgo”, “eliminación del riesgo”, “prevención del riesgo” y “reducción del riesgo”. El tratamiento del riesgo puede crear nuevos riesgos o modificar los riesgos existentes. Un elemento aceptado de riesgo significa que el participante tiene una comprensión mínima sobre el riesgo involucrado.

El término en inglés «probabilidad» no tiene un equivalente directo en algunos idiomas; en cambio, el equivalente del término «probabilidad» se utiliza a menudo. Sin embargo, en inglés, «probabilidad» a menudo se interpreta de forma restringida como un término matemático. Por lo tanto, en la terminología de gestión de riesgos, «probabilidad» se utiliza con la intención de que tenga la misma interpretación que el término «probabilidad» en muchos otros idiomas además del inglés.

Las normas estandarizadas de turismo de aventura

El propósito de los estándares de turismo de aventura es establecer los requisitos mínimos para los sistemas de gestión de la seguridad y la comunicación a los participantes. Son entidades independientes ya que se aplican a diferentes aspectos del turismo de aventura. Existe una norma internacional que especifica cómo la organización de turismo de aventura gestiona sus operaciones en términos de seguridad;

• ISO / TR 21102 proporciona datos sobre la competencia mínima de los líderes de actividades de turismo de aventura;

• ISO 21103 especifica la información mínima que se debe comunicar a los participantes y participantes potenciales antes, durante y después de la actividad para garantizar la seguridad.

El propósito de esta norma internacional es establecer los requisitos mínimos para un sistema de gestión de seguridad para proveedores de actividades de turismo de aventura.

Un proceso de gestión de riesgos es una parte integral de un sistema de gestión de seguridad. Un sistema de gestión de seguridad proporciona el marco para la mejora continua y contribuye a la entrega de actividades seguras de turismo de aventura.

El enfoque del sistema de gestión de la seguridad anima a los proveedores a analizar sus actividades de turismo de aventura, entender los requisitos de los participantes, definir los procesos que garantizan la seguridad y mantener estos procesos bajo control.

Conclusiones

El turismo de aventura está creciendo muy rápido en muchos destinos. Para muchos países, es uno de los principales productos turísticos.

El año 2017, fue elegido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como el año internacional del turismo internacional sostenible; por ello fue la oportunidad para debatir en muchos congresos sobre aspectos legales del ecoturismo y el turismo de aventura. Irán fue el primero, en febrero, y hubo muchas actividades académicas internacionales, como el Congreso Eshte / Inatel en Lisboa en octubre de 2017.

El grupo académico de turismo de aventura legal está creciendo gracias al apoyo de los Tribunales Superiores de Justicia de más de 10 países. Intercambiar jurisprudencia y doctrina en la materia, es un gran desafío para este grupo académico.

Existen muchos desafíos: reducir la brecha entre las necesidades de los prestadores de turismo aventura, sus clientes y las administraciones nacionales de turismo; simplificar los aspectos legales de la actividad y permitir el fuerte desarrollo del turismo de aventura, es uno de los propósitos principales del grupo, sumando a los aspectos legales a la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Desde Turismo y Derecho tuvimos la oportunidad de dialogar con un referente del Derecho del Turismo Latinoamericano. Nos referimos al Dr. Diego A. Benítez, especialista en la materia y uno de los consultores convocados por la Organización Mundial de Turismo para la redacción del Código Internacional para la Protección de los Turistas.

Primera parte

Segunda parte

El abogado platense  -radicado hace más de una década en Bariloche-  especialista en derecho del turismo, Diego Benítez, fue elegido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los tres representantes para coordinar la Convención de Protección de los Turistas.

“El Covid aceleró el tratamiento de los problemas transfronterizos. La idea de la convención es encontrar estándares mínimos para volver a recuperar la confianza en los viajes, algo que, en estos momentos, nuestros destinos necesitan”, aclaró Benítez que representará a América, mientras que el italiano Francesco Morandi será el representante de Europa y Charlotte Wezi Mesikano Malonda, de África.

Las recomendaciones que se presentarán en esa convención proporcionan una orientación a los estados miembros respecto a la asistencia a los turistas en situaciones de emergencia, como sucedió con la pandemia por Covid-19.

“Hablamos de 93 países que aprobaron la realización de una convención con normas para el tránsito de turistas, más aún en este contexto. Como expertos de la OMT, hemos hecho recomendaciones vinculadas, por ejemplo, al transporte interfronterizo para unificar criterios y evitar el problema de los repatriados”, sintetizó Benítez, profesor titular del Área Jurídica de la Universidad Nacional de Río Negro.

De esta forma, se analizarán los requisitos que deben pedir los países a fin de evitar que los turistas queden varados. Por ejemplo, se trata de minimizar los conflictos ocasionados por los contratos de viaje y los contratos de transporte aéreo.

“En este último tiempo, muchos problemas se debieron a que la gente se largó a viajar igual para asegurarse lo que ya había pagado y quedó varada. Necesitamos que el turista tenga la posibilidad de cambio, sin penalidades, como en las situaciones que vivimos a raíz del Covid”, explicó Benítez, como experto de la OMT.

Destacó el sistema de preventa de paquetes turísticos en Argentina pero advirtió que “si hay penalidades o se contemplan devoluciones muy largas, la gente no va a comprar los servicios por más convenientes que parezcan”.

Benítez explicó que la próxima reunión de los expertos de la Organización Mundial del Turismo será el 27 de noviembre. “En ese encuentro, la idea es presentar los documentos ante los países. Ya están aprobadas las sugerencias pero ahora hay que profundizar en ese contenido básico”.

Respecto a su designación como representante de América, Benítez señaló que es un “reconocimiento a la superespecialización. El derecho al turismo no es una rama autónoma”. Consideró “un desafío el armado de la convención para 93 estados”.

Diego Augusto Benítez es un abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho del Turismo en la Universidad de París  y  la Universidad de Bologna entre otros pergaminos. Ha pasado por la función pública y actualmente es profesor universitario de grado y posgrado en diversas universidades de Argentina y del exterior.

Fuente: rionegro.com.ar / turismoyderecho.com.ar

Por Diego Benítez

I. La casuística entre turismo y transporte aéreo

Sabida es la relación entre el sector turístico y el aerocomercial que tantas páginas escritas y tantas discusiones doctrinarias se han presentado en ámbitos académicos como el que aquí nos convoca. La dependencia es indiscutible. Las consecuencias ruinosas para el turismo provocadas por el volcán chileno Puyehue en 2011, cerrando los aeropuertos andino-patagónicos en forma permanente durante seis meses, y los aeropuertos metropolitanos en forma intermitente, o el caso del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010 para el sector turístico europeo, bastan como muestra de ello.

La experiencia en materia de protección de derechos de los pasajeros ha dado también respuestas diversas. Mientras en 2010, el Ente italiano de Aviación Civil (ENAC) imponía fuertes multas a la compañía Ryanair por no cumplir con la protección prevista por el Reglamento 261/2004, lo que permitió revertirse en el segundo cierre de mayo de 2010, ya que las líneas aéreas garantizaron alojamiento o traslado a sus pasajeros; esta situación comparable a la ocurrida en Argentina en junio de 2011, donde muy pocos pasajeros, y solo de la compañía estatal argentina, recibieron días después, traslado terrestre a la ciudad de Buenos Aires, relata la importancia de la presencia estatal para el cumplimiento de derechos. La decisión de 2007 del Tribunal Federal de Justicia de Brasil de instalar juzgados especiales en siete aeropuertos de ese país con el objeto de atender los conflictos derivados de cancelaciones, demoras y problemas con el equipaje, sirvieron para reducir notoriamente la conflictividad en el marco de una legislación del consumidor que en Brasil incluye al contrato de transporte aéreo.

Si bien en nuestro país, durante el primer semestre de 2014, los reclamos de los viajeros argentinos se han reducido notoriamente a causa de la alta regularidad y puntualidad de las transportadoras aéreas, el derecho del turismo debe aprovechar para generar medidas protectoras en una ecuación que no genere diferencias de ningún tipo.

Por ello, desde el año 2004, la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (Aadetur) que presido, viene elaborando el estudio denominado “Radiografía de abusos contra los turistas en el país”, que tiene como base las consultas llegadas vía correo electrónico al consultorio jurídico de la institución, para determinar el origen de los reclamos de los turistas. El trabajo llevado adelante por el equipo de Aadetur conjuntamente con diferentes entidades académicas, entre la que se destaca la Universidad Nacional de La Plata, pionera en el estudio del derecho del turismo en el país , ha permitido la tarea interdisciplinaria para su concreción. En el último avance de la 10ª edición, reveló el informe que un 39% de las quejas del sector turístico provienen de los aviones, pero en menor medida al 62% que representó el sector aerocomercial en 2007.

II. La reforma de la Resolución N° 1532/98

La específica exclusión de las circunstancias meteorológicas entre las que obligan a las líneas aéreas a proveer asistencia a los pasajeros, introducida en la última reforma de la resolución 1532/98 (condiciones generales del contrato de transporte aéreo) de abril de 2013, ha generado una excesiva desprotección del pasajero en los aeropuertos nacionales, sumada a la ya exclusión de facto que el artículo 63 de la ley de defensa del consumidor produce. Esto no solo lo diferencia de la legislación comunitaria, sino también de la legislación latinoamericana.

La redacción del citado artículo 12 ha quedado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 12.- INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS, ITINERARIOS, CANCELACIÓN DE VUELOS Y DENEGACIÓN DE EMBARQUE:

a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por más de CUATRO (4) horas, o deniega el embarque porque no puede proporcionar espacio previamente confirmado (overbooking o sobreventa), o no puede hacer escala en el punto de parada-estancia o de destino del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero, tendrá el derecho a:

– su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador para su destino, o

– al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o

– a ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio.

El transportador quedará exento de proporcionar los mentados servicios incidentales a sus pasajeros en los supuestos en que como consecuencia de circunstancias meteorológicas se cancele o demore el vuelo, se demore la entrega del equipaje, no se pueda hacer escala en el punto de parada-estancia o de destino del pasajero o se pierda un vuelo de conexión para el que tenía una reserva confirmada. No obstante, en estos casos, el transportador deberá arbitrar todos los medios a su alcance a fin de que el pasajero reciba información adecuada y veraz sobre las demoras ocasionadas por dichas circunstancias, hasta tanto suministre o reanude el servicio o sea reencaminado a través de los servicios de otro transportador o medio alternativo de transporte. (Inciso a) sustituido por art. 2 de la Resolución N° 203/2013 de la Administración Nacional de Aviación Civil B.O. 12/4/2013)”

La inclusión de este último párrafo en la mencionada actualización de la resolución 1532/98, y la sola carga informativa para el transportador quien “deberá arbitrar todos los medios a su alcance a fin de que el pasajero reciba información adecuada y veraz sobre las demoras ocasionadas por dichas circunstancias”, planteado frente a una situación de cancelación de vuelos en una época de alta demanda turística, como la vivida recientemente en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, debido a una niebla que cerró las operaciones, y obligó a los turistas en plena temporada de vacaciones de invierno a proveerse su propio alojamiento, en horario nocturno, no hace más que confirmar la desbalanceada relación contractual.

Si además entendemos que el turista extranjero, siguiendo la doctrina francesa que lo considera como “en estado coyuntural de hiposuficiencia”, la respuesta del derecho será casi nula.

Asimismo, si a estas situaciones asimétricas aquí planteadas le sumamos conflictos más profundos pero menos usuales, como la desprotección del pasajero frente a la quiebra de las líneas aéreas, la intervención del derecho será más que esencial.
© Copyright: Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico  / Diego Benítez

La asociación que trabaja desde 2001 y tiene representación en 12 provincias, entiende que el sector “desde hace tiempo no tiene una actualización normativa”.

A esto se le suma la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo que “refuerza la necesidad de avanzar sobre temas vinculados a nuestro sector”, expresó el presidente de Aadetur, Diego Benítez.

Este trabajo, entienden los juristas, debe formalizarse “en una acción institucional con asociaciones empresariales como Faevyt y Fehgra, así como con otros organismos gubernamentales”.

Benítez representó a la asociación en la “Primera Reunión Iberoamericana de economía colaborativa en el alojamiento turístico” celebrada en Montevideo a principios del mes de abril.

La participación de profesionales del Derecho de diversos países en esta conferencia fue un síntoma de “la madurez del sector de avanzar mediante visiones en conjunto, con pluralidad y profesionalismo, en pos de la resolución de los conflictos del sector turístico”, sostienen los responsables de Aadetur.

«Esta nueva etapa de diálogo y pluralismo abierta en Argentina, nos alienta a los que formamos parte de Aadetur a acercar desde nuestra especialidad la posibilidad de generar aportes jurídicos al sector”, concluyeron en la asociación.

(Hosteltur)