El Gobierno de la Nación decidió poner fin al mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados. La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Esta controvertida determinación modifica el esquema financiero del transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional. A partir de ahora, los operadores privados del sector de larga distancia ya no recibirán las transferencias monetarias estatales que devolvían el costo de los boletos emitidos sin cargo.

A pesar de la eliminación del financiamiento público, las autoridades nacionales aclararon que la medida no afecta el derecho de los usuarios. Las personas contempladas en el beneficio mantendrán la gratuidad de los boletos, debiendo las empresas absorber la totalidad del costo de estos traslados.

Nuevas reglas para el Transporte Interjurisdiccional

La justificación oficial de la normativa se basa en la desregulación total del sector que comenzó a implementarse a finales de 2024. Al permitirse la libre fijación de tarifas, la administración pública considera que las transportistas pueden internalizar estos costos operativos dentro de su actividad comercial general.

El texto de la resolución sostiene que el impacto económico se limita estrictamente a la relación financiera entre el Estado y el sector privado. Al no existir bandas de precios máximos ni mínimos, las empresas cuentan con la flexibilidad suficiente para balancear sus ecuaciones de rentabilidad.

Sin embargo, las cámaras empresariales expresaron su preocupación respecto de la sustentabilidad de la gratuidad bajo este nuevo panorama. Desde el sector privado advierten que la falta de compensaciones directas podría poner en riesgo la correcta prestación y la disponibilidad de los cupos de viaje.

Alcance del beneficio para los usuarios

La gratuidad de los traslados está resguardada por leyes nacionales históricas que garantizan la accesibilidad a diversos grupos vulnerables en todo el territorio argentino. La nueva normativa ratifica explícitamente la vigencia absoluta de estas obligaciones para las compañías de transporte terrestre de pasajeros.

El beneficio alcanza de forma directa a las personas con discapacidad, quienes utilizan de manera frecuente estos servicios de larga distancia. Asimismo, se encuentran amparados bajo este régimen legal de gratuidad los ciudadanos trasplantados y aquellos que se encuentran en lista de espera.

La protección del transporte gratuito también incluye a menores y adolescentes bajo tratamientos médicos específicos como los oncológicos. Para todos estos casos, la tramitación y entrega de las plazas en las unidades de transporte automotor deberá continuar canalizándose de forma habitual.

Organismos de control y sanciones previstas

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte será la encargada de fiscalizar exhaustivamente el cumplimiento de la entrega de pasajes sin costo. El organismo intensificará las inspecciones en las terminales y los sistemas de reserva digital para evitar irregularidades o rechazos injustificados.

Las autoridades advirtieron que la negativa a otorgar los boletos por parte de las operadoras derivará en severas sanciones comerciales. Los usuarios mantendrán habilitados los canales institucionales de denuncia en caso de detectar faltas o limitaciones arbitrarias en las frecuencias asignadas.

La normativa incorporó una cláusula transitoria para preservar todos los trámites y compensaciones económicas devengadas con anterioridad a la vigencia del nuevo decreto. Esto busca otorgar previsibilidad jurídica y saldar las deudas pendientes que el Estado mantenía con las prestatarias privadas.

Expectativas en el sector y consecuencias operativas

Las organizaciones civiles y de defensa de derechos manifestaron su alerta ante posibles trabas burocráticas que afecten el normal acceso a las reservas. Temen que la desaparición de las partidas presupuestarias desincentive la oferta de pasajes por parte de las compañías en destinos de baja demanda.

Las empresas de transporte interjurisdiccional ya venían registrando tensiones operativas debido al incremento de los costos del combustible y el mantenimiento de las unidades. Este nuevo recorte de transferencias directas añade presión a la estructura de costos de los viajes terrestres del país.

Se espera que en las próximas semanas se lleven adelante reuniones entre las cámaras del transporte de larga distancia y las autoridades reguladoras. El objetivo del sector corporativo será definir metodologías viables que aseguren la operatividad del servicio sin desatender las obligaciones de inclusión vigentes.

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