Por Gustavo Néstor Fernández

1. Introducción

El contrato de hospedaje o alojamiento, tradicionalmente calificado como atípico o innominado en los ordenamientos decimonónicos, ha experimentado una metamorfosis jurídica impulsada por la masificación del turismo y la evolución del tráfico comercial moderno. En la actualidad, este vínculo ha adquirido una tipicidad social ineludible, consolidándose como un contrato complejo que amalgama prestaciones de locación de servicios, depósito necesario y, no menos importante, una obligación de seguridad. En el derecho argentino contemporáneo, esta figura ya no se analiza únicamente desde la autonomía de la voluntad, sino que se encuentra inserta en el marco regulatorio del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en lo que atañe a los efectos del viajero y lo comprenden las generales de la ley en cuanto el CCCN regula los contratos de consumo.

Bajo este nuevo paradigma, el contrato de hospedaje o alojamiento se define esencialmente como una relación de consumo, regida por el carácter de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). Esta categorización desplaza la antigua visión del hotelero como un mero posadero para situarlo como un «proveedor» profesional que asume un rol de garante. En esta estructura, el hotelero no solo se obliga a la provisión de un espacio físico, sino que asume obligaciones colaterales de custodia y seguridad de resultados frente al huésped, quien es investido con todas las prerrogativas y protecciones propias de la parte débil de la relación jurídica.

Por consiguiente, la redacción de estos instrumentos no puede quedar librada a formularios genéricos o traducciones de otras jurisdicciones que ignoran el rigorismo del derecho local. Un contrato robusto debe ser capaz de armonizar la eficiencia operativa del establecimiento con el estándar de trato digno y el deber de información detallada que exige la normativa vigente. A continuación, se detallan las tres dimensiones contractuales fundamentales que, deberán se tenidas en cuenta a la hora de analizar la responsabilidad de hotelero.

2. Políticas de cancelación y reembolso: el equilibrio de la buena fe y la equidad contractual

La facultad de rescisión unilateral en el contrato de alojamiento no debe entenderse como un derecho absoluto, sino como una prerrogativa que debe ejercerse bajo el prisma de la buena fe contractual (Art. 9 CCCN) y el principio de conservación del contrato (Art. 1066 CCCN). En el ecosistema turístico, donde la anticipación es clave para la rentabilidad, el contrato debe equilibrar el derecho del huésped a desistir con el derecho del hotelero a percibir una compensación justa por la inmovilización de su inventario (la habitación).

A. Validez de las penas convencionales y el límite de la abusividad

Es plenamente lícito y un estándar en la industria, establecer cláusulas penales por cancelación tardía, tales como el cobro de la primera noche o el denominado «no-show». Desde una perspectiva jurídica, estas operan como una liquidación anticipada de daños. Sin embargo, para que sean válidas ante un control judicial o administrativo, deben respetar el principio de proporcionalidad.

Una cláusula que estipule la retención del 100% del pago ante una cancelación realizada con una antelación razonable (por ejemplo, 20 o 30 días antes del check-in) podría ser declarada abusiva (Art. 37 LDC y Art. 988 CCCN). Esto se fundamenta en que tal retención desnaturaliza las obligaciones del proveedor al generar un enriquecimiento sin causa, permitiendo al hotelero cobrar la totalidad del servicio sin haber incurrido en los costos operativos de la estancia y, potencialmente, volviendo a vender la misma unidad a otro pasajero.

B. El derecho de revocación (arrepentimiento) en la Era Digital

En el contexto de reservas efectuadas a través de plataformas online, portales propios o vía telefónica —modalidades que el CCCN denomina «contratos celebrados a distancia» (Art. 1105)— cobra especial relevancia el derecho de arrepentimiento. Según el Art. 34 de la LDC y el Art. 1110 del CCCN, el consumidor goza de la facultad irrenunciable de revocar su aceptación dentro de los diez días corridos desde la celebración del contrato o desde que se pone el servicio a su disposición.

Es fundamental destacar que este derecho es absoluto y sin penalidad. Cualquier cláusula que pretenda cobrar un cargo administrativo o de gestión por el ejercicio de este derecho dentro del plazo legal se considera nula. Asimismo, el hotelero tiene la carga legal de informar claramente este derecho en su interfaz de reserva; de lo contrario, el plazo de revocación podría extenderse o generar sanciones por incumplimiento del deber de información.

C. Fuerza Mayor, Caso Fortuito y la ajenidad del riesgo

El contrato profesional de alojamiento debe prever con precisión la extinción del vínculo por causas ajenas a las partes. Cuando ocurren eventos de fuerza mayor o caso fortuito (Art. 1730 CCCN) —tales como catástrofes naturales, huelgas generales de transporte o emergencias sanitarias— que tornan imposible la prestación del servicio, el contrato se extingue sin responsabilidad para ninguna de las partes.

Bajo la doctrina del consumo, rige el principio de ajenidad del riesgo: el consumidor no debe cargar con los riesgos propios de la actividad empresarial ni con los efectos de la imposibilidad de cumplimiento del proveedor. En estos supuestos, el hotelero está obligado al reembolso íntegro de las sumas percibidas. La jurisprudencia argentina ha sido enfática al señalar que, ante la imposibilidad de prestar el servicio por causas de fuerza mayor, no basta con ofrecer un «voucher» de crédito; la devolución del dinero es el derecho primordial del consumidor, salvo que este acepte voluntariamente una reprogramación.

3. Responsabilidades y exoneraciones: el régimen de orden público y la obligación de seguridad

En el derecho de daños contemporáneo, el régimen de responsabilidad hotelera se erige como un sistema protector de orden público que limita severamente la autonomía de la voluntad del empresario. Uno de los errores más persistentes y gravosos en la praxis comercial es la inclusión de leyendas o cláusulas de deslinde tales como: «El establecimiento no se responsabiliza por las pertenencias del huésped». Es imperativo subrayar que tales estipulaciones son nulas de nulidad absoluta (Art. 37 LDC y Art. 1374 CCCN), teniéndose por no escritas, ya que atentan contra la esencia misma del contrato y el deber de custodia.

A. El factor de atribución objetivo: el riesgo creado

La responsabilidad del hotelero en Argentina no es subjetiva (basada en la culpa), sino objetiva. Esto significa que el proveedor responde por el solo hecho de ejercer una actividad económica que genera un riesgo para terceros. Conforme a la doctrina del riesgo creado, el huésped no tiene la carga de probar que el hotelero fue negligente; para que nazca el deber de indemnizar, basta con acreditar el daño sufrido (ya sea en su integridad física o en sus bienes) dentro de la esfera de custodia o el ámbito de influencia del establecimiento. La única vía de exoneración para el hotelero es la ruptura del nexo causal por causa ajena, la cual es de interpretación restrictiva en las relaciones de consumo.

B. El equipaje y la doctrina del depósito necesario

La introducción de efectos personales en el hotel se rige por las normas del depósito necesario (Art. 1368 CCCN). Este concepto jurídico implica que el viajero no tiene otra opción que confiar sus pertenencias al hotelero para poder utilizar el servicio de alojamiento. En virtud de los Artículos 1370 y 1371 del CCCN, el hotelero asume una responsabilidad integral por los daños, hurtos o pérdidas sufridos en los efectos introducidos, ya sean causados por sus dependientes, por otros huéspedes o incluso por terceros no ajenos a la actividad hotelera, dado que la seguridad es una prestación accesoria inseparable del hospedaje. Esta obligación se extiende incluso a los vehículos que se dejen en garajes o playas de estacionamiento pertenecientes al hotel o puestas a su disposición.

C. El valor extraordinario y los límites de la responsabilidad

Si bien la regla es la reparación plena, el Artículo 1372 del CCNC introduce una excepción técnica: si el huésped lleva consigo efectos de valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros (joyas, grandes sumas de dinero, tecnología de alta gama), debe hacérselo saber al hotelero y, si este dispone de medios de custodia (cajas de seguridad o bóvedas), debe depositarlos allí. En caso de que el huésped no declare estos valores excesivos, la responsabilidad del hotelero se ve limitada.

Sin embargo, esta limitación es relativa: si el daño se produce por culpa o dolo del hotelero o sus empleados, o si el establecimiento no ofreció los medios de seguridad adecuados, el límite de responsabilidad cae y el hotelero debe responder por el valor total. Además, en el marco de la LDC, cualquier cláusula que pretenda tarifar o limitar de antemano la indemnización integral por daños a la persona o sus bienes ordinarios puede ser impugnada como abusiva, por cuanto desnaturaliza la obligación principal de seguridad que pesa sobre el proveedor profesional de servicios turísticos.

4. Cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor: el deber de información y el control de abusividad

El contrato de alojamiento contemporáneo se aleja de la paridad contractual para configurarse, en la casi totalidad de los casos, como un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas (Art. 984 CCCN). En esta modalidad, el hotelero (predisponente) redacta unilateralmente las condiciones, mientras que el huésped (adherente) se limita a aceptar o rechazar el servicio en bloque. Esta asimetría estructural es la que justifica la intervención del orden público a través de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), activando un control de equidad tanto judicial como administrativo para evitar el aprovechamiento de la debilidad del consumidor.

A. El deber de información como pilar de la buena fe (Art. 4 LDC)

La obligación del hotelero de suministrar información no es una mera cortesía comercial, sino un deber jurídico imperativo. Según el Artículo 4 de la LDC, la información debe ser suministrada en soporte físico o digital, de forma gratuita y con la claridad necesaria que permita su comprensión.

En la práctica hotelera, esto implica que el contrato y la publicidad deben detallar con precisión:

• Características esenciales: Ubicación exacta, servicios incluidos y excluidos (desayuno, spa, estacionamiento), y horarios de check-in/out.
• Transparencia tarifaria: El precio debe ser el valor total final, incluyendo el IVA y cualquier tasa local (como la Tasa de Derecho de Uso Urbano en ciertas jurisdicciones), evitando «costos ocultos» que sorprendan al pasajero al momento del pago.
• Condiciones de uso: Restricciones de mascotas, políticas de fumadores y normas de convivencia. El incumplimiento de este deber no solo faculta al consumidor a demandar la nulidad de las cláusulas oscuras, sino que genera responsabilidad por vicio en el consentimiento, ya que el huésped «no contrató lo que creía contratar».

B. La obligación tácita de seguridad (Art. 5 LDC)

Todo contrato de consumo lleva implícita una función preventiva del daño. El Artículo 5 de la LDC establece que los servicios deben ser prestados de modo que, en condiciones previsibles de uso, no presenten peligro para la salud o integridad física. En el ámbito hotelero, esta obligación es de resultado: el hotelero no solo se obliga a alojar, sino a devolver al huésped a su hogar en el mismo estado de integridad en que ingresó.

Esta garantía de seguridad abarca aspectos multidimensionales:

1. Seguridad edilicia: Mantenimiento de ascensores, barandas, escaleras y cumplimiento estricto de las normas de protección contra incendios.
2. Seguridad sanitaria: Potabilidad del agua, higiene de piscinas y manipulación de alimentos en el sector de gastronomía.
3. Vigilancia: Control de acceso a las habitaciones para evitar intrusiones. Cualquier daño sufrido por el huésped debido a una falla en estos aspectos dispara la responsabilidad objetiva del establecimiento, sin que este pueda alegar haber actuado con diligencia.

C. El régimen de cláusulas abusivas (Art. 3

Por Gustavo Néstor Fernández
1. Introducción
El contrato de hospedaje o alojamiento, tradicionalmente calificado como atípico o innominado en los ordenamientos decimonónicos, ha experimentado una metamorfosis jurídica impulsada por la masificación del turismo y la evolución del tráfico comercial moderno. En la actualidad, este vínculo ha adquirido una tipicidad social ineludible, consolidándose como un contrato complejo que amalgama prestaciones de locación de servicios, depósito necesario y, no menos importante, una obligación de seguridad. En el derecho argentino contemporáneo, esta figura ya no se analiza únicamente desde la autonomía de la voluntad, sino que se encuentra inserta en el marco regulatorio del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en lo que atañe a los efectos del viajero y lo comprenden las generales de la ley en cuanto el CCCN regula los contratos de consumo.

Bajo este nuevo paradigma, el contrato de hospedaje o alojamiento se define esencialmente como una relación de consumo, regida por el carácter de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). Esta categorización desplaza la antigua visión del hotelero como un mero posadero para situarlo como un «proveedor» profesional que asume un rol de garante. En esta estructura, el hotelero no solo se obliga a la provisión de un espacio físico, sino que asume obligaciones colaterales de custodia y seguridad de resultados frente al huésped, quien es investido con todas las prerrogativas y protecciones propias de la parte débil de la relación jurídica.

Por consiguiente, la redacción de estos instrumentos no puede quedar librada a formularios genéricos o traducciones de otras jurisdicciones que ignoran el rigorismo del derecho local. Un contrato robusto debe ser capaz de armonizar la eficiencia operativa del establecimiento con el estándar de trato digno y el deber de información detallada que exige la normativa vigente. A continuación, se detallan las tres dimensiones contractuales fundamentales que, deberán se tenidas en cuenta a la hora de analizar la responsabilidad de hotelero.

2. Políticas de cancelación y reembolso: el equilibrio de la buena fe y la equidad contractual
La facultad de rescisión unilateral en el contrato de alojamiento no debe entenderse como un derecho absoluto, sino como una prerrogativa que debe ejercerse bajo el prisma de la buena fe contractual (Art. 9 CCCN) y el principio de conservación del contrato (Art. 1066 CCCN). En el ecosistema turístico, donde la anticipación es clave para la rentabilidad, el contrato debe equilibrar el derecho del huésped a desistir con el derecho del hotelero a percibir una compensación justa por la inmovilización de su inventario (la habitación).

A. Validez de las penas convencionales y el límite de la abusividad

Es plenamente lícito y un estándar en la industria, establecer cláusulas penales por cancelación tardía, tales como el cobro de la primera noche o el denominado «no-show». Desde una perspectiva jurídica, estas operan como una liquidación anticipada de daños. Sin embargo, para que sean válidas ante un control judicial o administrativo, deben respetar el principio de proporcionalidad.

Una cláusula que estipule la retención del 100% del pago ante una cancelación realizada con una antelación razonable (por ejemplo, 20 o 30 días antes del check-in) podría ser declarada abusiva (Art. 37 LDC y Art. 988 CCCN). Esto se fundamenta en que tal retención desnaturaliza las obligaciones del proveedor al generar un enriquecimiento sin causa, permitiendo al hotelero cobrar la totalidad del servicio sin haber incurrido en los costos operativos de la estancia y, potencialmente, volviendo a vender la misma unidad a otro pasajero.

B. El derecho de revocación (arrepentimiento) en la Era Digital

En el contexto de reservas efectuadas a través de plataformas online, portales propios o vía telefónica —modalidades que el CCCN denomina «contratos celebrados a distancia» (Art. 1105)— cobra especial relevancia el derecho de arrepentimiento. Según el Art. 34 de la LDC y el Art. 1110 del CCCN, el consumidor goza de la facultad irrenunciable de revocar su aceptación dentro de los diez días corridos desde la celebración del contrato o desde que se pone el servicio a su disposición.

Es fundamental destacar que este derecho es absoluto y sin penalidad. Cualquier cláusula que pretenda cobrar un cargo administrativo o de gestión por el ejercicio de este derecho dentro del plazo legal se considera nula. Asimismo, el hotelero tiene la carga legal de informar claramente este derecho en su interfaz de reserva; de lo contrario, el plazo de revocación podría extenderse o generar sanciones por incumplimiento del deber de información.

C. Fuerza Mayor, Caso Fortuito y la ajenidad del riesgo

El contrato profesional de alojamiento debe prever con precisión la extinción del vínculo por causas ajenas a las partes. Cuando ocurren eventos de fuerza mayor o caso fortuito (Art. 1730 CCCN) —tales como catástrofes naturales, huelgas generales de transporte o emergencias sanitarias— que tornan imposible la prestación del servicio, el contrato se extingue sin responsabilidad para ninguna de las partes.

Bajo la doctrina del consumo, rige el principio de ajenidad del riesgo: el consumidor no debe cargar con los riesgos propios de la actividad empresarial ni con los efectos de la imposibilidad de cumplimiento del proveedor. En estos supuestos, el hotelero está obligado al reembolso íntegro de las sumas percibidas. La jurisprudencia argentina ha sido enfática al señalar que, ante la imposibilidad de prestar el servicio por causas de fuerza mayor, no basta con ofrecer un «voucher» de crédito; la devolución del dinero es el derecho primordial del consumidor, salvo que este acepte voluntariamente una reprogramación.

3. Responsabilidades y exoneraciones: el régimen de orden público y la obligación de seguridad
En el derecho de daños contemporáneo, el régimen de responsabilidad hotelera se erige como un sistema protector de orden público que limita severamente la autonomía de la voluntad del empresario. Uno de los errores más persistentes y gravosos en la praxis comercial es la inclusión de leyendas o cláusulas de deslinde tales como: «El establecimiento no se responsabiliza por las pertenencias del huésped». Es imperativo subrayar que tales estipulaciones son nulas de nulidad absoluta (Art. 37 LDC y Art. 1374 CCyC), teniéndose por no escritas, ya que atentan contra la esencia misma del contrato y el deber de custodia.

A. El factor de atribución objetivo: el riesgo creado

La responsabilidad del hotelero en Argentina no es subjetiva (basada en la culpa), sino objetiva. Esto significa que el proveedor responde por el solo hecho de ejercer una actividad económica que genera un riesgo para terceros. Conforme a la doctrina del riesgo creado, el huésped no tiene la carga de probar que el hotelero fue negligente; para que nazca el deber de indemnizar, basta con acreditar el daño sufrido (ya sea en su integridad física o en sus bienes) dentro de la esfera de custodia o el ámbito de influencia del establecimiento. La única vía de exoneración para el hotelero es la ruptura del nexo causal por causa ajena, la cual es de interpretación restrictiva en las relaciones de consumo.

B. El equipaje y la doctrina del depósito necesario

La introducción de efectos personales en el hotel se rige por las normas del depósito necesario (Art. 1368 CCCN). Este concepto jurídico implica que el viajero no tiene otra opción que confiar sus pertenencias al hotelero para poder utilizar el servicio de alojamiento. En virtud de los Artículos 1370 y 1371 del CCCN, el hotelero asume una responsabilidad integral por los daños, hurtos o pérdidas sufridos en los efectos introducidos, ya sean causados por sus dependientes, por otros huéspedes o incluso por terceros no ajenos a la actividad hotelera, dado que la seguridad es una prestación accesoria inseparable del hospedaje. Esta obligación se extiende incluso a los vehículos que se dejen en garajes o playas de estacionamiento pertenecientes al hotel o puestas a su disposición.

C. El valor extraordinario y los límites de la responsabilidad

Si bien la regla es la reparación plena, el Artículo 1372 del CCCN introduce una excepción técnica: si el huésped lleva consigo efectos de valor superior al que ordinariamente llevan los pasajeros (joyas, grandes sumas de dinero, tecnología de alta gama), debe hacérselo saber al hotelero y, si este dispone de medios de custodia (cajas de seguridad o bóvedas), debe depositarlos allí. En caso de que el huésped no declare estos valores excesivos, la responsabilidad del hotelero se ve limitada.

Sin embargo, esta limitación es relativa: si el daño se produce por culpa o dolo del hotelero o sus empleados, o si el establecimiento no ofreció los medios de seguridad adecuados, el límite de responsabilidad cae y el hotelero debe responder por el valor total. Además, en el marco de la LDC, cualquier cláusula que pretenda tarifar o limitar de antemano la indemnización integral por daños a la persona o sus bienes ordinarios puede ser impugnada como abusiva, por cuanto desnaturaliza la obligación principal de seguridad que pesa sobre el proveedor profesional de servicios turísticos.

4. Cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor: el deber de información y el control de abusividad
El contrato de alojamiento contemporáneo se aleja de la paridad contractual para configurarse, en la casi totalidad de los casos, como un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas (Art. 984 CCCN). En esta modalidad, el hotelero (predisponente) redacta unilateralmente las condiciones, mientras que el huésped (adherente) se limita a aceptar o rechazar el servicio en bloque. Esta asimetría estructural es la que justifica la intervención del orden público a través de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), activando un control de equidad tanto judicial como administrativo para evitar el aprovechamiento de la debilidad del consumidor.

A. El deber de información como pilar de la buena fe (Art. 4 LDC)

La obligación del hotelero de suministrar información no es una mera cortesía comercial, sino un deber jurídico imperativo. Según el Artículo 4 de la LDC, la información debe ser suministrada en soporte físico o digital, de forma gratuita y con la claridad necesaria que permita su comprensión.

En la práctica hotelera, esto implica que el contrato y la publicidad deben detallar con precisión:

Características esenciales: Ubicación exacta, servicios incluidos y excluidos (desayuno, spa, estacionamiento), y horarios de check-in/out.

Transparencia tarifaria: El precio debe ser el valor total final, incluyendo el IVA y cualquier tasa local (como la Tasa de Derecho de Uso Urbano en ciertas jurisdicciones), evitando «costos ocultos» que sorprendan al pasajero al momento del pago.

Condiciones de uso: Restricciones de mascotas, políticas de fumadores y normas de convivencia. El incumplimiento de este deber no solo faculta al consumidor a demandar la nulidad de las cláusulas oscuras, sino que genera responsabilidad por vicio en el consentimiento, ya que el huésped «no contrató lo que creía contratar».

B. La obligación tácita de seguridad (Art. 5 LDC)

Todo contrato de consumo lleva implícita una función preventiva del daño. El Artículo 5 de la LDC establece que los servicios deben ser prestados de modo que, en condiciones previsibles de uso, no presenten peligro para la salud o integridad física. En el ámbito hotelero, esta obligación es de resultado: el hotelero no solo se obliga a alojar, sino a devolver al huésped a su hogar en el mismo estado de integridad en que ingresó.

Esta garantía de seguridad abarca aspectos multidimensionales:

Seguridad edilicia: Mantenimiento de ascensores, barandas, escaleras y cumplimiento estricto de las normas de protección contra incendios.

Seguridad sanitaria: Potabilidad del agua, higiene de piscinas y manipulación de alimentos en el sector de gastronomía.

Vigilancia: Control de acceso a las habitaciones para evitar intrusiones. Cualquier daño sufrido por el huésped debido a una falla en estos aspectos dispara la responsabilidad objetiva del establecimiento, sin que este pueda alegar haber actuado con diligencia.

C. El régimen de cláusulas abusivas (Art. 37 LDC) 1

El control de abusividad es el mecanismo por el cual el derecho argentino «limpia» el contrato de estipulaciones que rompen el equilibrio de las prestaciones. El Artículo 37 de la LDC es taxativo al declarar que se tendrán por no convenidas (nulas) las cláusulas que:

Desnaturalicen las obligaciones: Por ejemplo, aquellas que pretendan exonerar al hotelero de su deber de custodia o que le permitan modificar unilateralmente el precio o la categoría de la habitación reservada.

Restrinjan derechos del consumidor: Como las que intenten prorrogar la jurisdicción a tribunales lejanos al domicilio del huésped o que limiten el derecho de defensa.

Inviertan la carga de la prueba: Aquellas que obliguen al huésped a probar la culpa del hotelero en caso de robo, cuando por ley la responsabilidad es objetiva y es el hotelero quien debe probar la ruptura del nexo causal.

La presencia de estas cláusulas no anula la totalidad del contrato (principio de integración), sino que el juez debe declarar su nulidad e integrar el contrato con las normas legales vigentes, protegiendo siempre la finalidad del consumo.

5. Conclusiones y Consideraciones Finales
En primer término, es imperativo reconocer que el contrato de alojamiento en la Argentina ha trascendido la mera autonomía de la voluntad para insertarse en un régimen de orden público de protección. La confluencia del Artículo 1092 del CCCN y el Artículo 1 de la LDC establecen la relación de consumo y debido a ello, cualquier ambigüedad en las cláusulas estipuladas no solo será interpretada a favor del huésped, sino que aquellas estipulaciones que intenten limitar la responsabilidad objetiva del hotelero por daños a la integridad física o a los efectos introducidos (depósito necesario) serán consideradas nulas de nulidad absoluta. La seguridad jurídica del establecimiento no reside en la «cláusula de exoneración» —ineficaz por principio—, sino en la implementación de protocolos de prevención y en un deber de información y advertencia proactivo, que agote las exigencias del Artículo 4 de la Ley 24.240.

Asimismo, la gestión de las políticas de cancelación debe alejarse de prácticas abusivas que pretenden la retención indiscriminada de señas o depósitos. Bajo la óptica del derecho argentino, la validez de una cláusula penal por rescisión depende de su proporcionalidad y de la debida comunicación previa. En el entorno digital, el hotelero debe ser especialmente cauteloso con el derecho de arrepentimiento (Art. 1110 CCCN); ignorar este plazo de diez días para la revocación sin causa en reservas online no solo expone al hotel a demandas por incumplimiento contractual, sino también a severas multas administrativas por parte de las autoridades de aplicación de defensa del consumidor.

En tercer lugar, la responsabilidad por los efectos de los viajeros (Artículos 1370 a 1375 del CCCN) exige una reevaluación de la infraestructura de seguridad. El régimen legal vigente es taxativo: el hotelero responde incluso por el hecho de terceros no ajenos a la actividad y por supuesto de sus dependientes. La única vía legítima para limitar este riesgo es mediante la puesta a disposición de cajas de seguridad y la exigencia de declaración de objetos de valor extraordinario. No obstante, debemos advertir que el «límite de responsabilidad» es una excepción de interpretación restrictiva que cede ante la prueba de culpa o negligencia del hotelero o cuando se trata de elementos de uso ordinario del turista, “lo que regularmente lleva el viajero consigo” al decir de Vélez Sársfield.

Finalmente, el profesionalismo en la redacción de contratos de turismo hoy exige una visión sistémica que armonice la rentabilidad del negocio con el estándar de «trato digno» (Art. 8 bis LDC). Un contrato de alojamiento con pretensiones de calidad jurídica debe funcionar como un instrumento de prevención de litigios y de gestión de expectativas. En un mercado cada vez más judicializado, la mejor defensa para el hotelero argentino es el estricto cumplimiento de la normativa de consumo y la transparencia absoluta en las condiciones de contratación, transformando el cumplimiento legal en un activo de confianza y valor marcario para el establecimiento.

gustavo.fernandez@fcecon.unr.edu.ar

7 LDC) ¹

El control de abusividad es el mecanismo por el cual el derecho argentino «limpia» el contrato de estipulaciones que rompen el equilibrio de las prestaciones. El Artículo 37 de la LDC es taxativo al declarar que se tendrán por no convenidas (nulas) las cláusulas que:

• Desnaturalicen las obligaciones: Por ejemplo, aquellas que pretendan exonerar al hotelero de su deber de custodia o que le permitan modificar unilateralmente el precio o la categoría de la habitación reservada.
• Restrinjan derechos del consumidor: Como las que intenten prorrogar la jurisdicción a tribunales lejanos al domicilio del huésped o que limiten el derecho de defensa.
• Inviertan la carga de la prueba: Aquellas que obliguen al huésped a probar la culpa del hotelero en caso de robo, cuando por ley la responsabilidad es objetiva y es el hotelero quien debe probar la ruptura del nexo causal.

La presencia de estas cláusulas no anula la totalidad del contrato (principio de integración), sino que el juez debe declarar su nulidad e integrar el contrato con las normas legales vigentes, protegiendo siempre la finalidad del consumo.

5. Consideraciones Finales

En primer término, es imperativo reconocer que el contrato de alojamiento en la Argentina ha trascendido la mera autonomía de la voluntad para insertarse en un régimen de orden público de protección. La confluencia del Artículo 1092 del CCCN y el Artículo 1 de la LDC establecen la relación de consumo y debido a ello, cualquier ambigüedad en las cláusulas estipuladas no solo será interpretada a favor del huésped, sino que aquellas estipulaciones que intenten limitar la responsabilidad objetiva del hotelero por daños a la integridad física o a los efectos introducidos (depósito necesario) serán consideradas nulas de nulidad absoluta. La seguridad jurídica del establecimiento no reside en la «cláusula de exoneración» —ineficaz por principio—, sino en la implementación de protocolos de prevención y en un deber de información y advertencia proactivo, que agote las exigencias del Artículo 4 de la Ley 24.240.

Asimismo, la gestión de las políticas de cancelación debe alejarse de prácticas abusivas que pretenden la retención indiscriminada de señas o depósitos. Bajo la óptica del derecho argentino, la validez de una cláusula penal por rescisión depende de su proporcionalidad y de la debida comunicación previa. En el entorno digital, el hotelero debe ser especialmente cauteloso con el derecho de arrepentimiento (Art. 1110 CCCN); ignorar este plazo de diez días para la revocación sin causa en reservas online no solo expone al hotel a demandas por incumplimiento contractual, sino también a severas multas administrativas por parte de las autoridades de aplicación de defensa del consumidor.

En tercer lugar, la responsabilidad por los efectos de los viajeros (Artículos 1370 a 1375 del CCCN) exige una reevaluación de la infraestructura de seguridad. El régimen legal vigente es taxativo: el hotelero responde incluso por el hecho de terceros no ajenos a la actividad y por supuesto de sus dependientes. La única vía legítima para limitar este riesgo es mediante la puesta a disposición de cajas de seguridad y la exigencia de declaración de objetos de valor extraordinario. No obstante, debemos advertir que el «límite de responsabilidad» es una excepción de interpretación restrictiva que cede ante la prueba de culpa o negligencia del hotelero o cuando se trata de elementos de uso ordinario del turista, “lo que regularmente lleva el viajero consigo” al decir de Vélez Sársfield.

Finalmente, el profesionalismo en la redacción de contratos de turismo hoy exige una visión sistémica que armonice la rentabilidad del negocio con el estándar de «trato digno» (Art. 8 bis LDC). Un contrato de alojamiento con pretensiones de calidad jurídica debe funcionar como un instrumento de prevención de litigios y de gestión de expectativas. En un mercado cada vez más judicializado, la mejor defensa para el hotelero argentino es el estricto cumplimiento de la normativa de consumo y la transparencia absoluta en las condiciones de contratación, transformando el cumplimiento legal en un activo de confianza y valor marcario para el establecimiento.

gustavo.fernandez@fcecon.unr.edu.ar

Las compañías de seguros de asistencia al viajero han iniciado una reestructuración profunda de sus productos para adaptarse a la inestabilidad global de 2026. Ante la escalada de tensiones en el Golfo, las aseguradoras buscan equilibrar la protección del cliente con la viabilidad financiera de sus carteras.

Históricamente, los conflictos bélicos y los actos de terrorismo han sido cláusulas de exclusión estándar en la mayoría de las pólizas de consumo masivo. Sin embargo, la frecuencia de los eventos actuales ha obligado a las empresas a crear coberturas específicas y mucho más detalladas.

El mercado actual exige una transparencia total sobre lo que se considera un «evento de guerra» y cómo este afecta la validez del seguro. Esta redefinición legal es el pilar sobre el cual las aseguradoras están construyendo su nueva oferta para un mundo percibido como más peligroso.

Cláusulas de exclusión y la figura de la fuerza mayor

En el ámbito del derecho aplicado al turismo, la mayoría de los seguros de viaje mantienen la exclusión por «guerra declarada o no declarada». Esto significa que, si un viajero se encuentra en una zona de conflicto activo, la compañía puede declinar la cobertura de gastos médicos o repatriación.

Sin embargo, en 2026 ha surgido una zona gris: los incidentes aislados o ataques de precisión que no forman parte de una guerra total. Las aseguradoras están utilizando tecnología de monitoreo en tiempo real para determinar, minuto a minuto, en qué coordenadas geográficas se suspende la cobertura.

Esta situación deja al turista en una posición de vulnerabilidad si no cuenta con un asesoramiento previo adecuado. La interpretación de la «fuerza mayor» se ha vuelto mucho más restrictiva, protegiendo el capital de las aseguradoras frente a siniestros de escala masiva.

Nuevos productos para zonas de riesgo y coberturas premium

Como respuesta a la demanda de viajeros corporativos y periodistas, han aparecido en el mercado pólizas «High Risk» o de alto riesgo. Estos productos permiten extender la protección incluso en países con alertas de viaje activas, aunque a un costo significativamente superior.

Estas coberturas suelen incluir servicios de evacuación de emergencia mediante empresas de seguridad privada, algo que los seguros estándar no ofrecen. La segmentación del mercado es clara: la seguridad se ha transformado en un bien de lujo accesible solo para ciertos presupuestos.

Además, se han integrado servicios de geolocalización obligatorios dentro de las aplicaciones de las aseguradoras. Esto permite a la compañía enviar alertas preventivas al viajero y, en caso de necesidad, coordinar una salida rápida antes de que el espacio aéreo sea clausurado.

El impacto de los ciberataques en la asistencia al viajero

Un riesgo emergente vinculado a los conflictos modernos es el sabotaje digital a gran escala. Las aseguradoras ahora deben contemplar cómo actuar si los sistemas de los hospitales o aeropuertos colapsan debido a un ciberataque de origen estatal.

Muchas pólizas de 2026 han comenzado a incluir cláusulas de «asistencia por interrupción digital». Esto cubre gastos de hotel y alimentación si el viajero queda varado debido a la caída de los sistemas de migración o de las aerolíneas por ataques informáticos.

La interconexión de los sistemas de reserva hace que un ataque en una región pueda tener efectos cascada en todo el mundo. Por ello, las aseguradoras están reforzando su propia infraestructura de servidores para garantizar que sus centros de atención telefónica sigan operativos bajo cualquier circunstancia.

Reembolsos por cancelación ante amenazas de conflicto

La flexibilidad se ha convertido en la característica más buscada por los viajeros que planean rutas internacionales. Los seguros de «Cancelación por cualquier motivo» (Cancel For Any Reason – CFAR) han visto un incremento en su contratación del 40% respecto al año anterior.

Este tipo de pólizas permite al turista recuperar un porcentaje del viaje (habitualmente entre el 75% y el 90%) si decide no viajar por miedo a un estallido bélico. Es una herramienta legal que brinda paz mental frente a noticias de escalada militar en el destino elegido.

Sin embargo, estas pólizas deben contratarse con mucha antelación, generalmente a las pocas horas de realizar el primer pago del viaje. La industria aseguradora utiliza estos plazos para evitar que el usuario contrate el seguro cuando el conflicto ya es inminente y el riesgo es total.

Responsabilidad civil y el rol de las agencias de viajes

El marco legal de 2026 también pone el foco en la responsabilidad de los intermediarios que venden estos seguros. Las agencias de viajes tienen la obligación ética y legal de informar claramente sobre las limitaciones de cobertura en zonas de tensión geopolítica.

En caso de un siniestro en una zona excluida, si no hubo una información clara por parte del vendedor, se abren puertas a litigios por falta de deber de información. Esto está impulsando una profesionalización en la venta de servicios de asistencia en todo el mundo.

Finalmente, la relación entre el seguro de viaje y los riesgos de guerra seguirá evolucionando según se desarrollen los acontecimientos en el Golfo. La adaptabilidad de las pólizas será, en última instancia, lo que determine la confianza del consumidor en la industria turística global.

Turismo y Derecho

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Por Gustavo Néstor Fernández

«Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende»

 Arturo Jauretche (1901-1974)

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado un fallo ejemplar en defensa de nuestros derechos soberanos. La Sala IV confirmó una sentencia que condena a una empresa de turismo por ofrecer viajes a nuestras Islas Malvinas bajo la denominación de territorio del Reino Unido.

Este pronunciamiento judicial pone un freno necesario a las prácticas comerciales que, bajo la excusa de la globalización, pretenden ignorar la Constitución Nacional. La demanda, iniciada por particulares, denunciaba la publicidad de la empresa Cruiseline S.R.L. por brindar información errónea y lesiva.

El fallo de primera instancia ya había determinado que las publicidades eran ilícitas. Se basó en que resultan contrarias al mandato constitucional que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas.

La empresa demandada intentó defenderse argumentando que solo actuaba como intermediaria de navieras extranjeras. Sin embargo, la justicia argentina ha dejado claro que no se puede lucrar en nuestro suelo dando la espalda a nuestras leyes fundamentales.

La sentencia confirmada obliga a la empresa a rectificar sus publicaciones. Deberán abstenerse de referirse a nuestras islas como dominio británico en futuras ofertas comerciales.

Soberanía y Constitución: un mandato irrenunciable

El voto del juez Lisandro Fastman, al que adhirió la jueza Laura Perugini, resalta la supremacía de la Constitución Nacional. La Disposición Transitoria Primera no es una mera declaración política, sino una norma operativa que obliga a todos los actores.

Esta cláusula constitucional establece que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía son objetivos permanentes e irrenunciable del pueblo argentino. Ninguna empresa puede alegar desconocimiento de este mandato supremo.

La jueza Perugini fue contundente en su argumentación. Sostuvo que la publicidad cuestionada contradecía directamente la Carta Magna al identificar a las islas como «Falkland Islands» o «Reino Unido».

Resulta inadmisible que en el mercado interno se toleren mapas o itinerarios que mutilan nuestro territorio. La sentencia destaca que la reivindicación de soberanía incluye los planos comerciales y comunicacionales.

Cualquier actuación que pretenda relativizar la titularidad argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur es incompatible con nuestro orden jurídico. El fallo remarca la coherencia normativa que debe regir tanto para el Estado como para los particulares.

El tribunal recordó que la ocupación británica es una circunstancia ilegítima. Si bien es un hecho fáctico de administración, reconocerlo como «país de destino» en una publicidad valida una usurpación que repudiamos.

El argumento de la intermediación: una defensa rechazada

La defensa de la empresa Cruiseline se centró en su rol de agencia de viajes intermediaria. Alegaron que se limitaban a reproducir la información de la naviera extranjera «Celebrity Cruises» y que no podían modificar los itinerarios.

Este argumento fue desestimado con solidez jurídica. La justicia entendió que la intermediación comercial no elimina la responsabilidad ante el consumidor y las leyes locales.

Al formar parte de la cadena de comercialización, la agencia asume un rol activo. No puede desvincularse de la información que transmite a los pasajeros argentinos, especialmente cuando esta viola normas de orden público.

La empresa sostuvo que condenarla por esto era materialmente imposible de cumplir. Argumentaron que las navieras extranjeras son las que fijan los destinos y las denominaciones.

Sin embargo, el fallo establece que quien elige operar en Argentina debe respetar el orden jurídico vigente. Ningún proveedor, sea cual fuere su origen o sus socios comerciales, puede actuar al margen de nuestra normativa.

La toponimia como herramienta de soberanía

Uno de los aspectos más graves detectados fue el uso de toponimia británica. La página web de la empresa utilizaba nombres como «Port Stanley» en lugar de nuestro Puerto Argentino.

También se observó el uso de denominaciones como «West Point Island» o «Carcass». El fallo recuerda que existen nomenclaturas oficiales aprobadas por el Instituto Geográfico Nacional que deben respetarse.

La publicación de mapas que representen el territorio nacional sin la aprobación del ente rector es una conducta prohibida. Estas inexactitudes geográficas menoscaban la integridad territorial de la Nación.

No se trata de un simple detalle semántico, sino de una cuestión de identidad nacional. Utilizar los nombres impuestos por la potencia ocupante es una forma de legitimar el despojo colonial en la conciencia de los consumidores.

La sentencia ordena que toda publicación futura indique como país de destino a la República Argentina. Se debe omitir cualquier referencia que asigne el territorio al Reino Unido.

Publicidad engañosa y derechos del consumidor

Desde la perspectiva del derecho del consumidor, el fallo es igualmente categórico. Se consideró que la publicidad era engañosa al inducir a error sobre un elemento esencial del contrato: el país que se visita.

La Ley de Defensa del Consumidor exige información cierta, clara y detallada. Presentar a las Malvinas como territorio británico es faltar a la verdad jurídica e histórica de nuestro país.

La empresa intentó argumentar que ningún argentino se confundiría sobre la soberanía de las islas. Sostuvieron que es un hecho notorio que están bajo administración británica.

El tribunal respondió que el estándar legal no se basa en la sensibilidad patriótica, sino en la objetividad de la información. Decir que se viaja al Reino Unido cuando se va a Malvinas es, técnicamente, un dato falso en nuestra jurisdicción.

La información cuestionada tiene el potencial de alterar la comprensión del servicio. Oculta la normativa aplicable y contradice la soberanía reconocida por nuestro ordenamiento.

El fallo protege al consumidor de ser partícipe involuntario de un discurso colonialista. La rectificación ordenada busca sanear el mercado de mensajes que atentan contra nuestra dignidad nacional.

Un precedente para la industria turística

Este fallo marca un antes y un después para el turismo emisivo y receptivo. Las agencias de viajes deberán revisar exhaustivamente cómo promocionan los destinos del Atlántico Sur.

No basta con traducir folletos de navieras extranjeras. Es necesario adecuar la oferta a la realidad jurídica y constitucional de la República Argentina.

La justicia ha confirmado que las Islas Malvinas son argentinas, también en los catálogos de venta. La libertad de comercio no es una patente de corso para vulnerar nuestra integridad territorial.

La sentencia fue ratificada por mayoría, con el voto decisivo de los jueces Fastman y Perugini. Aunque hubo una disidencia parcial, la postura firme a favor de la soberanía prevaleció.

Cruiseline deberá pagar las costas del juicio y publicar avisos rectificatorios. Es un mensaje claro para todo el mercado: con la soberanía no se negocia.

Esperamos que este precedente sirva para que otras empresas tomen nota. La defensa de la Causa Malvinas es una obligación de todos, incluidos los actores económicos.

VER FALLO

Turismo y Derecho

REDACCIÓN – El turismo es una de las actividades económicas más dinámicas del mundo, pero también una de las que más impacto puede tener sobre el medio ambiente y las comunidades locales. Cada año, millones de personas viajan buscando nuevas experiencias, lo que genera ingresos, empleo y desarrollo, pero también presión sobre los recursos naturales. En este contexto, el turismo sostenible se presenta como la única vía responsable para garantizar que el sector siga creciendo sin destruir aquello que lo hace posible.

El turismo sostenible no busca frenar el movimiento de personas ni poner límites al descubrimiento, sino hacerlo de manera consciente. Implica respetar los ecosistemas, cuidar la biodiversidad y valorar las culturas locales. Es una forma de viajar que equilibra la satisfacción del visitante con el bienestar de las comunidades anfitrionas y la protección del entorno.

En los últimos años, organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) han impulsado políticas y programas destinados a promover prácticas sostenibles en el sector. Desde la reducción del consumo energético en hoteles hasta la gestión responsable de residuos o el fomento del transporte limpio, cada acción cuenta para reducir la huella ecológica del turismo global.

El impacto social también juega un papel central. El turismo sostenible busca generar beneficios reales para las comunidades locales: empleo digno, comercio justo y respeto por sus tradiciones. Esto se traduce en un turismo más inclusivo, donde los beneficios económicos no se concentran en grandes cadenas internacionales, sino que llegan directamente a manos de quienes habitan los destinos.

Los viajeros, por su parte, tienen una gran responsabilidad. Elegir alojamientos con certificaciones sostenibles, reducir el uso de plásticos, apoyar negocios locales y respetar la cultura del lugar son gestos simples que, multiplicados, pueden marcar una diferencia enorme. La conciencia del turista es el primer paso hacia un cambio de modelo más justo y equilibrado.

Diversos destinos en América Latina y Europa ya han apostado por esta vía. Costa Rica, por ejemplo, ha hecho del turismo sostenible una marca país, protegiendo más del 25% de su territorio y atrayendo visitantes que buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza. En España, regiones como Galicia o Baleares desarrollan estrategias para equilibrar la afluencia turística con la preservación ambiental.

Las empresas del sector también se están adaptando. Hoteles, agencias y operadores turísticos incorporan criterios de sostenibilidad en su gestión, conscientes de que el viajero moderno valora la responsabilidad ambiental tanto como la comodidad. La innovación tecnológica y la educación ambiental se convierten en aliados clave para avanzar hacia un turismo más verde.

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. La masificación de destinos, la contaminación de mares y montañas, y el consumo excesivo de recursos siguen siendo problemas urgentes. Sin políticas claras, educación y compromiso global, el turismo corre el riesgo de convertirse en víctima de su propio éxito.

El turismo sostenible no es una moda ni una tendencia pasajera: es una necesidad. Viajar sin destruir, disfrutar sin agotar, compartir sin imponer. Adoptar esta forma de turismo es asumir la responsabilidad de cuidar el planeta y a quienes lo habitan, garantizando que las generaciones futuras también puedan descubrir su belleza.

Turismo y Derecho

Por Gustavo Néstor Fernández

1, De lo público a lo privado: menos estado

El Decreto 216/2025 modificó la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 principalmente eliminando el financiamiento estatal directo al sector y desmantelando ciertos organismos estatales dedicados a la promoción turística.

Antes del decreto, la ley estipulaba un rol activo del Estado en el fomento, desarrollo y regulación del turismo, con mecanismos para la colaboración entre sectores públicos y privados, la promoción turística y la sustentabilidad. El texto anterior declaraba obligaciones de cooperación y financiamiento estatal para políticas y proyectos turísticos a lo largo de su aticulado.

Tras el decreto, la versión vigente dejó fuera la provisión de fondos estatales y redujo el papel directo del Estado en la promoción del turismo, eliminando ciertos organismos encargados de esta función. Así, se mantiene la declaración del turismo como sector estratégico pero con un Estado más ausente en la intervención, lo que implica una desregulación parcial y un cambio en la política pública del sector.

En resumen, la comparación muestra un cambio importante en el rol estatal, pasando de una ley con enfoque de intervención y fomento público a un esquema con menor participación estatal directa tras el Decreto 216/2025.

2, Artículos modificados y derogados.

El Decreto 216/2025 modificó la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 en los siguientes aspectos:

Artículos modificados:

• Se sustituyó el artículo 7° de la Ley Nacional de Turismo, con una nueva redacción que define y limita funciones del Estado en materia turística; se sustituyó el artículo 8° que define las Facultades; y sustituye el artículo 33°  en el que se invita “…a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”.

• Se derogaron artículos relacionados con el financiamiento estatal para obras públicas turísticas.

• Se derogaron los artículos que establecían el Plan de Turismo Social (artículos 38 y 39 de la ley).

• Se eliminaron los artículos que creaban y regulaban el Comité Interministerial de Facilitación Turística (artículo 3° de la ley) y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas (artículo 34 de la ley).

La lista de artículos derogados es la siguiente: “-Deróganse los artículos 3°, 4°, 5°, 31, 34, 35, 36, 39 y 40 de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus modificatorias.”

En resumen, el decreto 216/2025 disolvió organismos y planes estatales vinculados con promoción, financiamiento y planificación estatal en turismo, limitando el rol del Estado para fomentar la inversión privada y reducir gastos públicos en el sector.

3, Comparativo general entre la norma original y la modificada

Veamos algunos ítems línea por línea entre el texto anterior al Decreto 216/2025 y la versión vigente tras su promulgación en la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997. Se comparan principalmente los siguientes aspectos:

• Antes del decreto, la ley incluía artículos detallando la intervención del Estado en financiamiento, creación y promoción de programas turísticos, participación pública y privada, coordinación interministerial, protección al turista y desarrollo sostenible.

• Tras el Decreto 216/2025, se eliminaron o modificaron artículos que habilitaban la asignación de recursos estatales directos para el turismo, se disolvieron programas nacionales como el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y el Comité Interministerial de Facilitación Turística, y se redujo el rol activo del Estado en la gestión turística.

• El decreto enfoca la ley hacia incentivar la inversión privada, eliminando responsabilidades estatales consideradas como distorsivas del mercado, eliminando subsidios e intermediación estatal, y pasando a un modelo de gestión más orientado a la promoción federal con menor intervención directa edl Estado nacional.

Dado que la comparación línea por línea en texto exacto es muy extensa, puede resumirse en:

Este resumen refleja el contenido de las modificaciones introducidas en la ley por el Decreto 216/2025, constituyendo un cambio sustancial en la política turística de Argentina.

4. Cambio de enfoque

El Decreto 216/2025 modificó artículos específicos de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, cuyos cambios principales son:

• El artículo 7° fue sustituido completamente, con un texto nuevo que redefine el rol del Estado en la promoción e incentivos turísticos, enfocándose en evitar distorsiones del mercado, reduciendo el financiamiento estatal y limitando interferencias.

• El artículo 8° por su parte fue también sustituido completamente con un texto nuevo cuyo enfoque está en línea con la nueva tendencia de achicar la intervención del Estado nacional y dar paso a la oferta privada y la posible articulación a cargo de los Estado provinciales. También propicia la implementación de convenios “…con instituciones o empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley.”

• Se derogaron los artículos vinculados al Comité Interministerial de Facilitación Turística (artículo 3° de la LNT, que coordinaba funciones interministeriales), el Programa Nacional de Inversiones Turísticas (artículo 34° de la LNT, que financiaba proyectos de interés turístico) y el Plan de Turismo Social (artículo 39° textto anterior).

En definitiva, el texto previo establecía una intervención estatal directa y multifacética; el texto vigente post-decreto:

• Suprime financiamiento y subsidios estatales.

• Elimina organismos y programas estatales de inversión turística.

• Limita la intervención estatal a roles promocionales sin distorsión del mercado.

Esta comparación línea por línea ejemplifica el cambio profundo en la ley, pasando de un Estado promotor y financiador a un rol más limitado y menos regulador.

5. Conclusiones

La modificación introducida por el Decreto 216/2025 en la Ley Nacional de Turismo (LNT) N° 25.997 representa un cambio sustancial en la gestión del turismo en Argentina, pasando de un modelo con un Estado activo, financiador y promotor, a uno con un rol más limitado, en la promoción sin intervención directa en el financiamiento. Este cambio refleja un giro hacia la desregulación y la potenciación del sector privado como protagonista del desarrollo turístico.

Los artículos modificados, derogatorios y sustitutivos eliminan organismos clave como el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, además de suprimir mecanismos de financiamiento estatal directo, recortando profundamente la presencia estatal en el fomento, coordinación y planificación turística, incluyendo el fomento del Turismo Social. Esta reforma legal repercute en la política pública, con implicancias en la sustentabilidad, protección al turista y desarrollo equilibrado del sector.

En conclusión, el Decreto 216/2025 reconfigura la Ley Nacional de Turismo para priorizar la inversión privada y reducir la carga fiscal y administrativa estatal, marcando una nueva etapa en la regulación del turismo argentino. Este cambio abre un escenario de mayor autonomía para las provincias y actores privados, pero también plantea desafíos en términos de coordinación interjurisdiccional y sostenibilidad de políticas públicas turísticas a largo plazo.

Turismo y Derecho

Por Gustavo Néstor Fernández

La «segmentación natural» en la hotelería se refiere a los patrones orgánicos o inherentes de segmentación de mercado que surgen de la demanda real en diferentes destinos o tipos de hoteles. En otras palabras, es la forma en que los huéspedes naturalmente se agrupan según sus características, necesidades y preferencias sin necesidad de imponer categorizaciones artificiales.

Por ejemplo, en hoteles rurales, la segmentación natural puede manifestarse en un perfil de cliente premium con sensibilidad hacia lo auténtico y sostenible, lo que hace que la oferta del hotel se adapte de manera orgánica a este tipo de huésped. Este concepto permite a los hoteles ajustar su oferta y estrategias de marketing para satisfacer mejor a estos grupos de clientes que se forman de manera espontánea en su base de demanda, haciéndola más efectiva y alineada con el mercado real.

En resumen, la segmentación natural en hotelería es el reconocimiento y uso de los grupos que se forman de manera espontánea y natural entre los clientes según sus comportamientos y preferencias, para adaptar la oferta y servicios del hotel de forma más precisa y efectiva.

La hotelería vive una transformación radical guiada por la segmentación natural, un fenómeno que emerge de la propia demanda turística y no de modelos teóricos impuestos. Esta segmentación permite identificar grupos espontáneos de viajeros con características y necesidades diferenciadas, lo que posibilita ajustar la oferta de alojamiento a perfiles concretos de manera más eficaz y rentable.

Este enfoque, basado en datos reales de comportamiento, revela cómo distintos segmentos como parejas, viajeros de negocios o grupos familiares eligen tipos de alojamiento muy específicos, desde hoteles de variadas categorías hasta viviendas turísticas completas, mostrando una clara preferencia adaptada a sus motivaciones y contexto económico.

Evolución y adaptación del mercado turístico

Los hoteles son la alternativa preferida para ciertas tipologías, como parejas, personas que viajan solas o por razones laborales. Un dato relevante es que entre 20 y 30% de los huéspedes hoteleros en destinos urbanos suelen desplazarse por trabajo, presionando a que las categorías de 3 y 4 estrellas dominen la oferta, si bien viajeros estadounidenses tienden a preferir hoteles de mayor categoría, incluidos los de 5 estrellas.

En contraste, las viviendas turísticas favorecen a grupos pequeños y familias, destacándose por una preferencia mayoritaria por la propiedad completa, especialmente entre turistas internacionales con ingresos altos. Este mix de alojamiento abierto y flexible responde a patrones de consumo que exigen una oferta más diversificada, que no solo atienda las demandas actuales sino que también abra espacio para segmentos emergentes y destinos menos explotados turísticamente.

Desafíos regulatorios y oportunidades del entorno

La complejidad del mercado de alojamientos en ciudades latinoamericanas se incrementa por desafíos regulatorios que condicionan su desarrollo futuro, pero a la vez generan oportunidades para innovar y diversificar. La inteligencia basada en datos es crucial para balancear entre el alojamiento tradicional y las opciones de alquiler turístico, optimizando la capacidad de carga sin saturar el destino.

Para ello, se requiere una estrategia integrada que contemple la evolución de la demanda y las particularidades de cada ciudad, creando así un equilibrio sostenible y competitivo. Esta integración tecnológica y analítica es clave para responder con agilidad a un mercado dinámico y con viajeros cada vez más específicos en sus demandas.

Innovación y sostenibilidad en la gestión hotelera

La hotelería está migrando hacia modelos más flexibles y personalizados, donde el análisis de datos profundos orienta el diseño de experiencias a la medida de cada segmento. Esta evolución tecnológica no solo mejora la competitividad sino que también fomenta un turismo más sostenible, al evitar la saturación y apoyando la diversificación territorial y funcional.

Reconocer la segmentación natural como base para las políticas y estrategias empresariales contribuye a mejorar la rentabilidad y la satisfacción del cliente, apuntando a una gestión más inteligente y adaptada a la realidad actual del turismo global. La conjunción de innovación, datos y regulación apunta a un futuro donde los alojamientos se ajusten con precisión a la complejidad creciente del mercado y a la heterogeneidad de las demandas turísticas contemporáneas.

En definitiva, la segmentación natural en la hotelería no solo responde a la demanda actual, sino que también impulsa la innovación y la sostenibilidad del sector. Adaptar el alojamiento, tanto en formato como en servicios, de manera basada en datos y tendencias, es clave para mantener la competitividad y satisfacer a un turista cada vez más informado y exigente.

Esta transformación hacia una hotelería inteligente, donde la segmentación natural guía la oferta, es el camino hacia un turismo más eficiente, diversificado y acomodado a la realidad dinámica y plural de los viajeros contemporáneos.

Turismo y Derecho

Por Gustavo Néstor Fernández

En 2024, las reservas de alquiler turístico en plataformas digitales como Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor alcanzaron un nivel récord en la Unión Europea y los países EFTA*, totalizando 854,1 millones de noches reservadas, lo que supone un aumento del 18,8 % respecto a 2023 (719 millones).

Este salto al alza se traduce en un promedio de 2,34 millones de turistas alojados cada noche en viviendas de corta estancia. Las plataformas colaborativas consolidaron su fuerza en el mercado turístico, destacando una recuperación pospandemia muy sólida.

Además, 69 ciudades dentro de la UE y la EFTA superaron el millón de pernoctaciones en 2024, frente a las 60 de 2023, lo que refleja una expansión notable del turismo urbano.

1. Tendencias regionales y evolución en 2025

A nivel regional, Andalucía se erigió como la región más visitada mediante estas plataformas, desplazando a la tradicionalmente líder Croacia, con 44 millones de noches frente a 35 millones, respectivamente. Le siguieron regiones como Provence-Alpes-Côte d’Azur, Cataluña e Île-de-France, representando juntas casi el 20 % de las pernoctaciones totales.

El primer trimestre de 2025 también mostró señales de crecimiento, con un total de 129,6 millones de noches reservadas —un 4,8 % más que en el mismo período de 2024 y un impresionante 34,5 % respecto a 2023— . Enero y febrero lograron crecimientos de 16,3 % y 11,6 %, mientras que marzo registró una caída del 8,6 %, atribuida al desplazamiento de Semana Santa a abril.

2. Impactos urbanísticos y desafíos en las ciudades

• Concentración urbana y desigualdad regional

Las ciudades más visitadas fueron París (23,5 millones de pernoctaciones, es decir, unos 65 000 turistas por noche), seguida de Roma, Barcelona, Madrid y Lisboa, que en conjunto representaron alrededor del 8,8 % del total europeo.

En España, los datos del INE** confirman que en 2024, el país fue el segundo de la UE en reservas vía plataformas online, con 170,6 millones de pernoctaciones, un incremento del 20,9 % respecto al año anterior. Andalucía y Canarias destacaron como las principales regiones receptoras, seguidas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

La presión urbana también se refleja en cifras concretas: en España había unas 368 295 viviendas de uso turístico (VUT) en noviembre de 2024, lo que representa el 1,38 % del parque total, pero alcanza el 10 % del mercado de alquiler. En barrios céntricos como el distrito centro de Madrid, un 24 % de los alquileres son turísticos; en Málaga, el 21 %, y en San Sebastián, un 11 %.

• Overtourism, protestas y respuestas municipales

El auge del alquiler turístico ha intensificado la respuesta ciudadana europea. En España, especialmente en Barcelona, se anunciaron planes para eliminar los alquileres de corta estancia en 2028, por las continuas protestas y su impacto en la vivienda. En las Islas Canarias se vivieron movilizaciones masivas con hasta 50 000 personas, respaldadas por Greenpeace y WWF, exigiendo límites temporales al turismo.

Otros destinos como Roma, Florencia o Mallorca también implementan medidas que van desde multas hasta límites más estrictos para frenar el turismo desequilibrado.

• ¿Quién impulsa el overtourism?

La discusión sobre la responsabilidad del overtourism enfrenta versiones contrapuestas. Airbnb sostiene que los hoteles son los principales responsables, ya que concentran el 63 % de las pernoctaciones en 2024, comparado con un aumento de 57 millones de noches en alquileres turísticos frente a 73 millones en hoteles.

Sin embargo, la mayor operadora turística europea, Tui, rechaza esta visión y responsabiliza a las plataformas de alquiler de corta estancia por el impacto en la vivienda. El debate refleja la complejidad del fenómeno y la necesidad de datos precisos para elaborar políticas efectivas.

3. Expansión del mercado y proyecciones futuras

• Crecimiento de inventario y especificidades del sector

El mercado de alquiler turístico en Europa creció también en cantidad de ofertas: se estiman 2,4 millones de nuevos anuncios en dos años, lo que supuso un incremento del 38 % . En julio de 2025, el número de anuncios activos en Europa alcanzó 4,15 millones, un alza del 2,8 % interanual y 2,5 % mensual.

No obstante, la demanda mostró cierta desaceleración en primavera: en mayo de 2025, la ocupación bajó mientras la oferta seguía creciendo —una señal de saturación y ajuste necesario en el mercado.

• Coordinación institucional y perspectivas

El fortalecimiento del sector postpandemia demanda respuestas políticas complejas. Políticas como la suspensión de licencias nuevas en Lisboa o bloqueos temporales en Atenas —además de la orden de eliminar 66 000 anuncios en Barcelona— reflejan intervenciones cada vez más activas.

La ciudad de Florencia busca prohibir nuevas viviendas turísticas en su centro histórico, mientras que Lago de Como se enfrenta a una presión desmesurada en temporada alta. Los desafíos estructurales requieren enfoque localizado y estrategias integrales que equilibren turismo y calidad de vida.

4. Conclusión: equilibrio entre turismo y sostenibilidad

Europa vivió en 2024 una explosión sin precedentes en reservas a través de plataformas digitales: 854 millones de noches, crecimiento sostenido en regiones clave y un inventario en aumento. Sin embargo, el panorama para 2025 presenta señales de madura competencia y algunas correcciones de mercado.

Las ciudades deben encontrar un punto de equilibrio entre aprovechar el turismo como motor económico y proteger la accesibilidad y cohesión social. Las regulaciones, acompañadas de inversión en vivienda y planificación urbana, son esenciales para evitar que el turismo digital eclipse la vida local.

*   Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), también conocida por sus siglas en inglés EFTA (European Free Trade Association)

** INE  es el Instituto Nacional de Estadística de España

Fuentes consultadas: Financial Times, The Guardian, The Week, Hosteltur, INE,

Turismo y Derecho

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Las opiniones vertidas en ésta categoría son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con la opinión del editor. No obstante se publican en resguardo de la absoluta libertad de expresión.

Recomendamos la lectura de éste interesante artículo de Raül Valls publicado originalmente en Alba Sud (albasud.org/blog) sobre el turismo de masas, su evolución histórica y el panorama actual. Agradecemos la gentileza de Alba Sud y su autor para permitirnos reproducirlo. Sin coincidir en algunos de sus aspectos, igualmente creemos que es un gran trabajo de investigación y con una redacción clara y fundamentada. El editor.

Las masas y el turismo. Por Raül Valls*

En los últimos años el término masificación ha aparecido reiteradamente vinculado al de turismo. En las reflexiones siguientes me propongo, de forma crítica y con perspectiva histórica, poner en cuestión la inmediatez de una relación que puede acabar erosionando el derecho democrático de las masas al descanso y al ocio turístico.

Es difícil últimamente no haber escuchado recurrentemente frases apocalípticas como “¡nos tendríamos que extinguir!” o “¡que caiga el meteorito ya!”, ante cualquier de las muchas contradicciones, problemas y desastres que provoca el desarrollo humano. Problemas que ahora nos parecen irresolubles y que recurrentemente se repiten. Más allá de la anécdota ocurrente, estas sentencias y otras que expresan un creciente pesimismo sobre la humanidad y sus posibilidades de una vida social y ecológicamente pacificada, denotan dramáticamente un oscuro “espíritu de nuestro tiempo”, incapaz de divisar un futuro mejor para la sociedad humana.

El filósofo Frederick Jameson lo resumía con una de sus más acertadas y repetidas afirmaciones sobre el momento presente: “nos es más fácil imaginar (y continuando con el argumento anterior añadiría “desear”) el final del mundo que el final del capitalismo”. Incapaces de salir de las lógicas perversas de un sistema que provoca desigualdad, pobreza y dolor a buena parte de la humanidad, se extiende una misantropía que busca justificaciones y autenticidad en el nacionalismo, el localismo y el odio al otro diferente que se ve ajeno y potencialmente amenazante.

Esta insociabilidad creciente tiene en “las masas” uno de sus principales objetos de recurrente desprecio y en la “masificación” el síntoma que se proclama como demostración de la degeneración de un lugar o un hecho concreto. La “gente” cuando fluye en abundancia parece que lo estropea todo. Desgraciadamente, este pesimismo antropológico y desprecio a las masas ha dejado de ser patrimonio, como lo fue la primera mitad del siglo XX, del conservadurismo reaccionario y ha colonizado a sectores políticos que se continúan definiendo de izquierdas e incluso revolucionarios. Las “masas” antes celebradas por los movimientos progresistas como sujeto de las transformaciones revolucionarias hoy son vistas con desazón y desconfianza por unos “misántropos de izquierdas” que abrazan una suerte de contradictorio y aristocrático elitismo, lógicamente inconfesado. El uso y abuso del término “masificación” es uno de los principales síntomas de este malestar postfordista.

La invasión de las “masas turísticas”

En este pesimismo asqueado y decadentista la desconfianza hacia “las masas” y la permanente sospecha hacia “la masificación”, como causante de los desastres, tiene un lugar destacado el turismo y las actividades de ocio popular en general. Sin obviar que estamos ante una problemática real y que afecta gravemente la vida cotidiana de las poblaciones locales que lo sufren, el turismo como actividad se ha convertido en los últimos tiempos en el motivo favorito para una recurrente crítica a sus efectos inmediatos y colocando generalmente en el centro del debate a los visitantes. En estas argumentaciones quedan convenientemente escondidas las lógicas de acumulación del capital que necesitan y promueven esta masificación para continuar con su crecimiento constante. Las “masas” molestas a las que se atribuyen características peligrosamente parecidas a las plagas y las infestaciones se convierten en las responsables de todos los males, el velo que impide ver al auténtico culpable. Para el sentido común que se ha ido imponiendo son aquel otro masivo, extraño, desconocido y molesto que se expande como un gas, lo ocupa todo y al que se hace responsable de poner en peligro el equilibrio y la existencia de una idealizada y pura “comunidad local”.

Sin ningún tipo duda, el malestar tiene causas muy reales y una de especialmente significativa. Nos referimos a la turistificación, entendiendo esta como los procesos que han convertido en producto mercantil las necesidades de ocio y descanso humanas, confiriéndole el carácter de convulsión acelerada y consumista que caracteriza la sociedad del capitalismo postfordista. Siguiendo a Mark Fisher y su crítica del capitalismo actual como una sociedad bipolar que oscila espasmódicamente entre la euforia y la depresión (Fisher, M. 2022), el turismo se ha convertido en una suerte de agitada aceleración donde se pasa de un estímulo a otro buscando un placer, que necesariamente nunca ha de ser satisfecho, para poder garantizar su inacabable persecución. Un proceso adictivo que propicia un consumismo individualista, desenfrenado, y a la vez anestesiante, muy funcional para la circulación rápida y la acumulación del capital. Esta dinámica convulsa y en aceleración es la que genera la turistificación de un lugar como principal y más grave patología del uso mercantilizado del tiempo libre.

Siguiendo estos argumentos, lo que quiero defender es que no es por ella misma esta “masificación turística”, o si se quiere “las masas haciendo turismo”, el problema fundamental a combatir, sino el modelo mercantil que promueve un turismo basado en un hedonismo de consumo individualizado y acelerado, puesto al servicio de las lógicas e intereses del capital turístico. Un turismo que no podemos olvidar ha sido producto de un petróleo abundante y barato al servicio de una parte, minoritaria, de la humanidad que ha tenido la posibilidad de acceder a ese privilegio. Siguiendo las argumentaciones de Andreas Malm diríamos que en al “capital fósil” (Malm, A. 2020) le corresponde un “turismo fósil” popularizado y democratizado hasta ahora entre una parte importante de las mayorías sociales de occidente para continuar ampliando el proceso de acumulación capitalista.

La constante reiteración crítica, que pone en el centro la “masificación”, acaba alimentando los discursos de desprecio a la Humanidad, a los cuales me refería al principio, desviando la atención de las necesidades humanas de ocio, descanso, salud y cultura, a las que el turismo tiene que responder, estigmatizando a las mayorías sociales que quieren acceder a él y allanando el camino para los que, utilizando el eufemismo del “turismo de calidad”, en realidad desean el retorno del turismo exclusivo para las élites acomodadas. Es a las masas populares, que después de años de luchar para acceder a unos derechos sociales que antes fueron privilegio para unos pocos, a las que se quiere ahora fuera del turismo. Cómo apunta acertadamente Ernest Cañada, a pesar de que es evidente que no habrá ricos por todos, se quiere llevar a los territorios turistificados a una competición suicida para atraerlos al precio que sea. Términos que durante el periodo fordista y del pacto social de posguerra quedaron hasta cierto punto mal vistos como “exclusividad” y “lujo” se han recuperado para combatir las externalidades negativas que, supuestamente provocadas por las masas, devastan la vida en nuestras ciudades, territorios rurales y espacios naturales. A la vez que la democracia pierde legitimidad ante el supuesto libertarismo de los ganadores de la lucha de clases, los históricos derechos conquistados por el movimiento obrero y relacionados con el ocio y el goce del tiempo libre son vistos como sospechosos y patológicos, ahora provocan el “gran mal” mil veces repetido: la masificación. En medio de una inesperada dialéctica negativa, el acceso de los sectores populares al ocio turístico se convierte en un calvario para ellos mismos cuando su ciudad o territorio se turistifica.

Un temor que viene de lejos

Que las mayorías sociales sean vistas como peligrosas no es nuevo. Las élites sociales a principio del siglo XX ya mostraron su preocupación ante el ascenso político de las masas. Toda una corriente intelectual vinculada a las clases altas reflexionó sobre los peligros de la democracia si estas mayorías, desbordando el poder secular de las minorías, podían decidir como organizar la sociedad. El temor no era infundado, si los desposeídos de la propiedad, la riqueza y los privilegios accedían al poder era previsible que estos fueran cuestionados y suprimidos. Desde el siglo XIX los ideales socialistas habían calado entre los sectores más organizados y conscientes del movimiento obrero y estos luchaban por una sociedad donde la libertad política, en apariencia conquistada por las revoluciones burguesas, estuviera basada en la igualdad social y en la posibilidad de construir una sociedad sin clases y libre de minorías privilegiadas. La revolución en Rusia en 1917, la oleada revolucionaria en Europa entre 1918 y 1920 y el nacimiento de la Unión Soviética en 1921, eran una evidencia palpable que el riesgo para los privilegiados era real.

A la sombra de pensadores como Nietzsche, autores como Oswald Spengler (Spengler, O. 2011) y José Ortega y Gasset (Ortega, J. 2009) escribieron en la Europa de entreguerras sobre este ascenso social de los hasta ahora subordinados y el peligro de una “rebelión de las masas” que desplazara del poder a los que consideraban la minoría “excelente” destinada a gobernar. Veían en esta rebelión un síntoma manifiesto de la decadencia de la sociedad occidental y de su orden y valores tradicionales. El fascismo a partir del fin de la Gran Guerra (1914-1918) se convirtió en una respuesta moderna, y no precisamente reaccionaria, a la influencia social y participación política de las masas populares. Quería canalizar este ascenso excitando el odio a la élite pero sin poner en cuestión las jerarquías sociales existentes, disciplinar a la clase trabajadora apartándola de cualquier veleidad socialista y de emancipación, anular toda aspiración democrática, poner el nacionalismo como principal motor de la movilización popular y desviar el resentimiento de clase hacia minorías, ya estigmatizadas, como los judíos o los gitanos. Las masas se tenían que mover, pero al ritmo de una supuesta “revolución nacional” y bajo la autoridad suprema de un líder carismático, que no las quería suprimir sino sustituir encarnando su voluntad.

Con la derrota de los fascismos en 1945 las masas se tenían que continuar moviendo, y ahora un petróleo que fluía en abundancia sería el combustible que lo haría posible. Pero el supremacismo nacionalista y la adhesión a un líder omnipotente de los años 20 y 30 fueron sustituidos en los países occidentales por un pacto social, qué surgido por la presión del movimiento obrero y la expansión del comunismo, regulaba y contenía a las fuerzas del mercado capitalista. El acuerdo entre clases redistribuía la renta a la vez que agitaba una ideología donde el ascenso social y económico de las mayorías se basaba en el crecimiento económico continuado, el productivismo a ultranza y un compulsivo deseo de consumo que continuaba siendo muy funcional a la acumulación del capital. Agotada y desprestigiada momentáneamente la zanahoria nacionalista, las élites capitalistas agitaban ahora la de un consumismo que prometía una era de bienestar y abundancia ilimitada explotando unos recursos energéticos y materiales que fluían hacia Occidente desde los “países en vías de desarrollo” y que hasta la publicación en 1972 del Informe al Club de Roma, “Los límites del crecimiento” y la posterior crisis del petroleo, se creían inagotables (Meadows,D. Meadows, D. Randers, J. Behrens, W, 2012).

Si entre 1945 y 1973 pareció que este espejismo era real, el periodo que inauguró la crisis del petróleo de 1973 hizo evidente el parón de la economía y que el modelo basado en el crecimiento económico indefinido transitaba periódicamente de una crisis a otra entre espasmos y huidas hacia adelante, todo ello en medio de un rápido deterioro ecológico que amenaza el futuro de la humanidad. Estas convulsiones hicieron, sobre todo a partir de la crisis de 2008, del crecimiento del turismo la nueva frontera de expansión del capital, una nueva fuga hacia ninguna parte en forma de “fiebre del oro”, donde el número de turistas internacionales no ha dejado de crecer entre el entusiasmo voraz de los capitales turísticos. La turistificación de los destinos estaba servida y su, ahora si, “masificación” como principal síntoma de la patología, acaba convirtiendo lo que tendría que ser la justa satisfacción de necesidades humanas en graves malestares que sacuden las sociedades que la sufren. Aparecer en el mercado como un “destino turístico” deseado ha pasado de ser un premio para el territorio escogido a convertirlo en una especie de “zona de sacrificio”, donde todo y todas se ponen al servicio de unos visitantes de quienes se ha esperado, hasta ahora, que año tras año fueran más e hicieran cada vez más gasto. Una realidad esta muriendo de éxito y que muestra de forma creciente síntomas de agotamiento, tanto por los efectos sociales en los territorios, como por las perspectivas de una escasez de energía y materiales que la hagan cada vez más difícil de sostener en el tiempo.

Pero a diferencia del periodo del “decadentismo fin de siécle” de las primeras décadas del siglo XX, que tuvo impronta en la literatura y el arte, y que a pesar de su hegemonía cultural fue políticamente marginal ante el auge del fascismo, el comunismo o el keynesianismo del New Deal, hoy la situación es inversa. A pesar de estar desproveídos de la aureola esteticista que rodeaba a los Yeats, Wilde o Eliot, los nuevos ideólogos de conservadurismo decadente son fundamentales para el crecimiento político de figuras como Trump, Milei, Orban, Meloni o Abascal y de los movimientos que arrastran. En su relato la proclama decadentista aparece como subversiva, interpela a un ethos individualista, juvenil, masculino y atrevido, que se muestra cada vez más descaradamente elitista frente a una “masa”, que supuestamente amenaza las tradiciones seculares y a unas identidades que apelan hoy a autenticidades rurales frente a una supuesta degeneración urbana, o nacionalistas frente a las “invasiones” de inmigrantes “extraños a la cultura local”, o a unos hombres a los cuales se presenta como asediados por el feminismo, o como no, de molestos turistas culpables de  “masificar” playas, pueblos y ciudades.

Ante estas confrontaciones creadas artificialmente, cualquier objeción que defienda los valores de la Ilustración: una ética universal, la solidaridad internacional o simplemente el humanismo más básico se descalifica inmediatamente con sesgados neologismos como “globalista”, “woke” o “buenista”. Los límites entre la justa preocupación por los efectos negativos de la turistificación entre las poblaciones de los territorios turísticos y el discurso de un antiturismo que clama contra la masificación desde una deriva ultranacionalista y elitizadora se desdibujan y se mezclan peligrosamente. Ante esto se hace necesaria una propuesta que dé alternativas a estas masas que tienen el derecho democrático al descanso y al ocio y que corren el peligro de quedar de nuevo marginadas, ahora en nombre de los malestares, qué a causa de la voracidad de las lógicas mercantiles, se les acusa de provocar.

Ni turistificación ni viejo elitismo: por un turismo popular y de proximidad

Como advertía más arriba la tentación elitista que toma forma a través del reclamo de un supuesto “turismo de calidad”, se ha convertido en el “mantra” preferido de los empresarios del sector y las administraciones que les son afines. Desgraciadamente, una trampa que fácilmente puede ser atractiva para una ciudadanía lógicamente cada vez más agotada por los malestares de la turistificación promovida los últimos veinticinco años. No deja de ser paradójico que aquellos que durante varias décadas han celebrado el crecimiento de visitantes, lo han asociado al progreso y al bienestar local y han trabajado a fondo creando las infraestructuras y las condiciones para llevarnos hasta la “masificada” situación presente, ahora se puedan sacar del sombrero la solución mágica. Quieren que la ciudadanía mire el dedo de la “masa haciendo turismo” y no a la luna turistificada por el negocio capitalista.

Ante esta situación hacen falta alternativas y estas no pasan por demonizar a las masas que hacen turismo, de las que no olvidamos la mayoría formamos parte. Hay que poner en el punto mira la auténtica patología provocada por las lógicas del capital, la turistificación de las ciudades y territorios, a causa de la voracidad de una clase empresarial que solo puede subsistir si crecen sus beneficios ilimitadamente. Nos hacen falta propuestas de turismo para las mayorías y que respondan a las necesidades humanas de descanso, ocio, salud, cultura y un uso creativo y enriquecedor del tiempo libre. Igual que reivindicamos puestos de trabajo con derechos, un sistema de salud universal, educación pública y gratuita, servicios sociales que mejoren nuestras vidas cotidianas, transporte público y todo aquello que nos tiene que garantizar una buena vida a todas y todos, también hace falta reivindicar sistemas públicos y democráticos que sean garantía de un ocio para la mayoría de la población. No podemos olvidar que el turismo es una conquista de las reivindicaciones de las clases trabajadoras cuando reclamaban desde el siglo XIX tiempo libre para el descanso, la salud, el ocio y la cultura. Que las luchas obreras por la jornada de ocho horas y las vacaciones pagadas eran la manera de garantizar de forma efectiva esta reivindicación. Que los proyectos de turismo social surgidos en los años 20 y 30 eran la respuesta organizada a estas conquistas, como en la Cataluña republicana lo fue el proyecto de la “Ciudad de Reposo y Vacaciones” del GATCPAC, que textualmente y sin ningún complejo hablaba “de organizar el descanso de las masas”.

Por Gustavo Néstor Fernández

El sector turístico argentino, motor esencial de la economía y la cultura nacional, se encuentra en un punto de inflexión. Las recientes políticas de desregulación normativa, impulsadas bajo la premisa de fomentar la competitividad y reducir costos, están generando un debate profundo sobre su impacto real en la calidad, seguridad y sostenibilidad de la actividad. Este nuevo escenario exige una reevaluación de los mecanismos de control y protección.

La flexibilización de marcos legales, si bien busca dinamizar el mercado, ha propiciado la proliferación de operadores informales. Este fenómeno, caracterizado por la ausencia de habilitaciones y garantías patrimoniales, expone a los turistas a riesgos significativos, desde incumplimientos contractuales hasta estafas directas. La promesa de precios reducidos a menudo encubre una desprotección integral del consumidor.

Un caso paradigmático de esta problemática son las estafas con vuelos «low-cost», que han afectado a cientos de familias. Operadores que actúan al margen de la ley, en ocasiones promocionados por influencers sin escrúpulos, comercializan pasajes inexistentes, dejando a los viajeros en una situación de indefensión total, sin posibilidad de recuperar los montos abonados.

Impacto en la profesionalización y el mercado

La desregulación también ha suscitado una fuerte preocupación entre las asociaciones de guías de turismo y profesionales del sector. La eliminación de requisitos de matriculación y habilitación para ciertas actividades en espacios protegidos, como Parques Nacionales, genera incertidumbre sobre la calidad del servicio y la salvaguarda del patrimonio natural y cultural.

Los profesionales argumentan que la formación académica y la regulación son pilares fundamentales para garantizar una experiencia turística segura y enriquecedora. La ausencia de un marco regulatorio estricto podría derivar en una competencia desleal, donde la informalidad precariza las condiciones laborales y compromete la excelencia del servicio.

Este escenario fragmenta el mercado, creando un sector formal que compite con una creciente oferta informal. La tensión entre la eficiencia operativa que promete la desregulación y la necesidad de proteger tanto al consumidor como la calidad del producto turístico es cada vez más evidente, requiriendo un análisis sistémico.

Hacia un equilibrio necesario

Es imperativo que el sector trabaje en la implementación de mecanismos de control que, sin ahogar la iniciativa privada, salvaguarden los derechos del turista. La trazabilidad de las operaciones, el fomento de la contratación de servicios con prestadores habilitados y la educación al consumidor son herramientas clave en este contexto.

La articulación entre el sector público y privado es esencial para redefinir el rol del Estado como garante de un turismo responsable y seguro. Esto implica no solo la fiscalización, sino también la creación de herramientas que permitan a los consumidores identificar y elegir prestadores confiables, fortaleciendo el turismo formal.

En conclusión, si bien la desregulación puede ofrecer oportunidades de crecimiento y acceso, su implementación sin adecuados contrapesos normativos y de control acarrea riesgos significativos para la calidad de la oferta, la seguridad del turista y la sostenibilidad del ecosistema turístico argentino. Un equilibrio entre libertad de mercado y protección es indispensable para el futuro del sector.

Turismo y Derecho

Los primeros refugios: el despertar de la Hospitalidad

La transformación de la supervivencia en arte de recibir al extranjero

En el principio, cuando las estrellas aún eran jóvenes y la tierra guardaba secretos en cada sombra, el fuego era más que llama: era promesa. En las cavernas húmedas donde nuestros ancestros buscaban refugio del viento nocturno, una chispa dorada bailaba contra las paredes de piedra, proyectando figuras que parecían susurrar historias de otros mundos. Fue allí, en esa primera noche cuando un extranjero apareció desde la oscuridad—hambriento, temblando, con ojos que reflejaban la luz como lagos bajo la luna—que algo cambió para siempre. La mano que se extendió para compartir el calor del fuego, el gesto que ofreció un lugar junto a las brasas, despertó una magia antigua que aún no comprendemos del todo. Ese acto simple—recibir al desconocido—plantó la semilla de lo que se convertiría en el arte más noble de la humanidad: la hospitalidad. Porque en el momento en que el extranjero se convirtió en huésped, y el hogar en refugio sagrado, nació una transformación que cambiaría el destino de nuestra especie.

El fuego sagrado del Hogar

En las profundidades de la noche primordial, cuando el mundo aún susurraba los secretos de su creación, los primeros refugios humanos se alzaron como templos de luz en la oscuridad infinita. Eran cuevas santificadas por el fuego sagrado, donde las llamas danzaban como dioses menores, protegiendo a los elegidos de las bestias nocturnas. Fue en una de esas noches eternas cuando Kael, guardián del fuego ancestral, escuchó pasos extraños resonando en las piedras. Un viajero solitario, cubierto de escarcha y temor, apareció en el umbral de la caverna. Sus ojos brillaban con el hambre de quien ha caminado bajo las estrellas sin amparo. En ese momento sagrado, Kael extendió su mano hacia el fuego y compartió su calor con el extranjero. Lo que siguió fue una revelación que cambiaría para siempre el destino de la humanidad: el forastero no solo trajo historias de tierras lejanas, sino semillas de plantas desconocidas y técnicas de caza que multiplicaron la abundancia del refugio. Así nació la primera ley de la hospitalidad: quien comparte su fuego, recibe el mundo entero.

Los caminos de la seda y la sal

Mil años después del primer fuego compartido, las montañas resonaban con el tintineo de las caravanas. Los descendientes de Kael habían esparcido su sabiduría por valles y desiertos, y en cada encrucijada florecían refugios que ya no eran simples abrigos, sino palacios de la hospitalidad. En las tierras donde se encontraban los caminos de la seda y la sal, Zahra, heredera de la antigua tradición, había construido el más magnífico de los caravasares∗. Sus muros de piedra dorada albergaban no solo camas y comida, sino baños perfumados, jardines con fuentes danzarinas y salones donde los mercaderes persas intercambiaban más que monedas: intercambiaban historias, sueños y destinos. Cada noche, bajo las estrellas del desierto, Zahra encendía las lámparas de aceite y pronunciaba las palabras ancestrales: «Que el viajero encuentre aquí lo que su alma busca». Y así, el acto sagrado de hospitalidad se transformó en arte, en comercio, en la alquimia dorada que convertía al extranjero en huésped, y al huésped en tesoro.

∗ Un caravasar es un antiguo tipo de edificio diseñado para alojar y proporcionar descanso, alimento y protección a los viajeros que formaban parte de caravanas (grupos de comerciantes, peregrinos o militares) en sus largos trayectos por rutas comerciales o religiosas. Funcionaban como posadas situadas en los caminos, permitiendo que personas y sus animales descansaran, reponiéndose durante sus viajes, además de custodiar sus mercancías. En origen persa, la palabra caravasar proviene de los términos «karwan» (caravana) y «sarā» (palacio o edificio con patio) y, en el mundo islámico, estos hospedajes también se conocen como khans.

Gustavo Néstor Fernández para Turismo y Derecho