Desafíos regulatorios en el turismo argentino: entre la libertad y la vulnerabilidad del consumidor.
Por Gustavo Néstor Fernández
El sector turístico argentino, motor esencial de la economía y la cultura nacional, se encuentra en un punto de inflexión. Las recientes políticas de desregulación normativa, impulsadas bajo la premisa de fomentar la competitividad y reducir costos, están generando un debate profundo sobre su impacto real en la calidad, seguridad y sostenibilidad de la actividad. Este nuevo escenario exige una reevaluación de los mecanismos de control y protección.
La flexibilización de marcos legales, si bien busca dinamizar el mercado, ha propiciado la proliferación de operadores informales. Este fenómeno, caracterizado por la ausencia de habilitaciones y garantías patrimoniales, expone a los turistas a riesgos significativos, desde incumplimientos contractuales hasta estafas directas. La promesa de precios reducidos a menudo encubre una desprotección integral del consumidor.
Un caso paradigmático de esta problemática son las estafas con vuelos «low-cost», que han afectado a cientos de familias. Operadores que actúan al margen de la ley, en ocasiones promocionados por influencers sin escrúpulos, comercializan pasajes inexistentes, dejando a los viajeros en una situación de indefensión total, sin posibilidad de recuperar los montos abonados.
Impacto en la profesionalización y el mercado
La desregulación también ha suscitado una fuerte preocupación entre las asociaciones de guías de turismo y profesionales del sector. La eliminación de requisitos de matriculación y habilitación para ciertas actividades en espacios protegidos, como Parques Nacionales, genera incertidumbre sobre la calidad del servicio y la salvaguarda del patrimonio natural y cultural.
Los profesionales argumentan que la formación académica y la regulación son pilares fundamentales para garantizar una experiencia turística segura y enriquecedora. La ausencia de un marco regulatorio estricto podría derivar en una competencia desleal, donde la informalidad precariza las condiciones laborales y compromete la excelencia del servicio.
Este escenario fragmenta el mercado, creando un sector formal que compite con una creciente oferta informal. La tensión entre la eficiencia operativa que promete la desregulación y la necesidad de proteger tanto al consumidor como la calidad del producto turístico es cada vez más evidente, requiriendo un análisis sistémico.
Hacia un equilibrio necesario
Es imperativo que el sector trabaje en la implementación de mecanismos de control que, sin ahogar la iniciativa privada, salvaguarden los derechos del turista. La trazabilidad de las operaciones, el fomento de la contratación de servicios con prestadores habilitados y la educación al consumidor son herramientas clave en este contexto.
La articulación entre el sector público y privado es esencial para redefinir el rol del Estado como garante de un turismo responsable y seguro. Esto implica no solo la fiscalización, sino también la creación de herramientas que permitan a los consumidores identificar y elegir prestadores confiables, fortaleciendo el turismo formal.
En conclusión, si bien la desregulación puede ofrecer oportunidades de crecimiento y acceso, su implementación sin adecuados contrapesos normativos y de control acarrea riesgos significativos para la calidad de la oferta, la seguridad del turista y la sostenibilidad del ecosistema turístico argentino. Un equilibrio entre libertad de mercado y protección es indispensable para el futuro del sector.
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