Un duro adiós para el turismo social en Argentina
El gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo hacia la privatización de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, dos íconos del turismo social en Argentina. Ambos complejos han sido transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se encargará de su concesión o venta al sector privado. Esta decisión marca un cambio drástico en la política de turismo social del país, generando preocupación entre trabajadores y comunidades locales.
La medida ha sido respaldada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró la iniciativa como parte de un proceso de desregulación estatal. Por otro lado, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, declaró la «innecesariedad» de los complejos, facilitando su traspaso a la AABE. Aunque aún no se ha oficializado la licitación, se espera que los hoteles sean ofrecidos al sector privado en los próximos meses.
El cierre de estos complejos ha generado una ola de protestas por parte de los trabajadores. Más de 500 empleados directos y miles de puestos indirectos en las comunidades de Chapadmalal y Embalse se ven afectados por esta decisión. Los sindicatos han convocado movilizaciones para reclamar por el derecho al turismo social y expresar su rechazo al cierre de estas unidades turísticas emblemáticas.
Además, la medida ha sido criticada por organizaciones sociales y políticas que señalan que el gobierno busca eliminar el turismo como un derecho social y económico, tal como lo establece la Ley de Turismo Nº 25.997. La eliminación de este principio y la obligación del Estado de desarrollar infraestructuras turísticas públicas son vistas como un retroceso en las políticas de inclusión y acceso al ocio para los sectores más vulnerables.
Las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse fueron construidas en 1950 para fomentar el turismo entre los sectores populares. En 2023, se hospedaron en estos complejos 118.000 personas, incluyendo familias trabajadoras y grupos en situación de vulnerabilidad. El cierre de estos espacios no solo afecta a los trabajadores, sino también a miles de argentinos que encontraban en ellos una opción accesible para vacacionar.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los empleados y las comunidades locales. La falta de claridad sobre el futuro de estos complejos y la posibilidad de su privatización generan preocupación sobre el acceso equitativo al turismo en el país. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas emblemáticas unidades turísticas y el impacto de las políticas gubernamentales en el turismo social argentino.
